Antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República solicitó al Instituto Nacional de Migración registrar las entradas y salidas de nuestro país de los funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht, quienes son investigados por presuntos sobornos al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y otros ex funcionarios de la paraestatal.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía General de la República, del estado que guarda dicha investigación, se puntualiza que Lozoya, quien tiene calidad de imputado, se ha reservado su derecho a declarar sobre el caso desde 2017.

El pasado 7 de enero, la FGR recibió información financiera procedente de Suiza, por lo que se solicitó al CENAPI indagar la red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, con los cuales se contará la próxima semana.

La información fue entregada al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, datos que le hizo llegar el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

En México como Brasil se dieron a conocer investigaciones periodísticas según las cuales tres ejecutivos de Odebrecht dijeron que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió 10 millones de dólares, en dos pagos, a cambio de ser beneficiados con la adjudicación de contratos relacionados con la refinería de Tula.

La tarjeta señala que el 29 de enero del presente año el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva para que no se dé la información solicitada en el juicio de amparo 1386/2018, promovido por la Agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los comisionados del Inai se abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución del 02 de octubre de 2018.