Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

Con la decisión del gobierno federal de entregar directamente a las familias el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), en lugar de transferirlo a estos centros de cuidado, se corre el riesgo de que el dinero no se use para ese propósito y de afectar así el desarrollo de los niños, indicaron especialistas consultados por Animal Político. 

En el largo plazo, mencionaron, la decisión puede perpetuar la desigualdad, afectando más a las familias que tienen condiciones precarias. 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol), tiene como población objetivo las madres, padres solos y tutores que laboran, buscan empleo o estudian, con ingresos por hogar que no rebasan la línea de bienestar y sin acceso a servicios de cuidado en instituciones de seguridad social.  

Hasta diciembre, el programa entregaba un subsidio a la responsable de la estancia donde el menor asistiera: 900 pesos mensuales por niña o niño de entre un año y 3 años 11 meses, o 1,800 pesos si tenía alguna discapacidad; en el último caso se consideraba a menores de uno y hasta los 5 años 11 meses.

Sin embargo el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ahora el dinero se entregará directo a la familia. El nuevo planteamiento es que las madres o padres reciban el dinero y decidan cómo lo usan: si pagan una estancia infantil para que cuiden ahí a sus hijos, o si se lo dan a algún familiar o a algún vecino para que cumplan con esa labor, o si lo usan para otra cosa.

Guillermo Cejudo, profesor investigador de políticas públicas y rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que si el dinero se usa para algo distinto a pagar una estancia infantil, los niños no tendrán acceso a los cuidados que requieren ni a una estimulación adecuada.

En tanto Héctor Villareal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que al desmantelar parcialmente un programa público, como el de estancias infantiles, no solo se afecta el desarrollo de los niños, también se les está poniendo en riesgo.

“Si los padres deciden no llevarlo a una estancia y eligen dejarlo con una vecina que les cobre 400 pesos por cuidarlo, imagina el tipo de riesgo que eso conlleva”, opinó.

Y no es que se ponga en duda que los padres buscan lo mejor para sus hijos, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, “es que puede ser que no consideren riesgos de maltrato o de abuso, y eso es una posibilidad, pasa y se ha documentado que a veces el abuso viene, ni siquiera de un vecino, de familiares”.

Sin incentivos y verificación de estancias... Lee la nota completa en Animal Político