La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo en 2016 una revisión del desempeño financiero y de cumplimiento del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), con la fiscalización a 91.9% de los 3,722 millones de pesos ejercidos ese año para la operación de 9,515 guarderías.

De acuerdo con Reforma, las anomalías detectadas y que siguen pendientes de solventar alcanzaron 69.4 millones de pesos, que representan 1.8% de los recursos asignados y que involucran tanto autoridades federales como los propios establecimientos que atienden a niñas y niños.

Entre las anomalías sobre las que alertó la ASF fueron diferencias en la base de datos de los beneficiarios y el monto ejercido del presupuesto por 816,700 pesos de más; otra anomalía detectada fue que no se comprobó el reembolso de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil de seis estancias, ni de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil de otras 11, lo que significó un posible daño al erario por 82,500 pesos.

Esto luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y diputados de Morena, argumentaran que el recorte de recursos al PEI, que manejaba la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría de Bienestar, se originó luego de que se hallaron irregularidades y hechos de corrupción.