El caso de un funcionario de la Dirección de Ingresos del municipio de San Pedro que fue sancionado por el Tribunal de Justicia Administrativa por daño al erario, fue tema de discusión en el Conversatorio realizado dentro del Congreso “Transformación del derecho, justicia abierta, acercamiento al ciudadano”.

Dentro del Congreso se realizó el Conversatorio “Sentencias relevantes en materia administrativa” como primer tema, y “Tribunales de justicia administrativa como ejes rectores de la administración pública”,

En el Conversatorio participaron los magistrados Marco Antonio Martínez Valero por Coahuila, Martha Elena Arce García de Guerrero, y Héctor Samuel Torres Ulloa de Sinaloa, con la moderación de la magistrada Fabiola Mondragón Yáñez, de Querétaro.

El magistrado Martínez Valero expuso que el cuestionamiento de cuál es el valor que se le está dando a las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, y éstas están apegadas a lo que busca la sociedad.

Explicó que la sociedad se siente agraviada por los grandes hechos de corrupción y ahora pide justica. 

Dijo que el caso del ex director de Ingresos de San Pedro de las Colonias tuvo influencia en la sociedad, y la sanción fue la separación del cargo, y justificó que no se dio la inhabilitación porque entonces había menos posibilidades de que la persona resarciera el daño.

“En el expediente el propio funcionario acepta y se allana. Dice, efectivamente yo obtuve para mi beneficio esa cantidad, pero me obligo y les doy la mitad. Lo hice por necesidad y después voy a resarcir la otra cantidad”, relató el magistrado.

CRÍTICAS POR EVADIR INHABILITACIÓN

Explicó que previo análisis del estudio de las pruebas y la resolución fue la separación del ex empleado municipal, pero hubo críticas del por qué no se inhabilitó.

“¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos resuelto que lo inhabilitábamos? Pues íbamos a quitar la posibilidad de que este funcionario municipal restituyera la otra cantidad”, dijo.

Diálogo
Los panelistas argumentaron, con la colaboración del público; sobre el sentimiento de agravio de la sociedad por los hechos de corrupción.