El exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que un juez federal determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez federal Orlando Íñiguez Delgadillo también impuso medidas cautelares, que consisten en que el exfuncionario acuda a firmar a juzgados cada 15 días y la prohibición de salir del país sin permiso de la autoridad judicial durante los siguientes tres meses, periodo en el que se desahogarán más pruebas.

La vinculación a proceso significa que el juez consideró que las pruebas son suficientes para señalarlo como posible responsable de haber “faltado a la verdad” al decir que su firma fue falsificada, por lo que continuará el proceso penal en su contra y tanto la FGR como la defensa del imputado presentarán más pruebas durante los próximos tres meses, para la próxima audiencia fijada en abril.

El lunes, Animal Político reveló que González Tiburcio, quien fue subsecretario de Ordenamiento Territorial durante la administración de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, es uno de los exfuncionarios de más alto nivel implicado en un convenio que derivó en el presunto de desvío de recursos públicos, conocido como La Estafa Maestra.

Sin embargo, su abogado Julio Hernández Barros explicó que el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciado por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia.

Un mes después, el OIC interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de la firma contra quien resultara responsable. Fue así como inició la investigación respecto a ese convenio, según sostiene la defensa.

Este martes González Tiburcio acudió a la tercera audiencia del caso realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, donde su defensa ofreció pruebas para comprobar la supuesta falsificación de su firma, mientras que los abogados de la Fiscalía, la parte acusadora, intentaron demostrar lo contrario.

La Audiencia

Al tratarse de una audiencia pública como parte del procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio, Animal Político pudo estar presente y escuchar los argumentos de cada parte y las conclusiones del juez.

Entre las pruebas de la Fiscalía estuvo el dictamen de uno de sus peritos en grafoscopía quien concluyó que la firma sí correspondía al exfuncionario. Además, el exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena acudió a comparecer y confirmó la realización del convenio entre la dependencia y la institución educativa el 4 de enero de 2016.

La defensa del exfuncionario presentó el dictamen de la perito externa en grafoscopía “Elba”, quien sostuvo que la firma fue falsificada, aunque durante su exposición aseguró que la fecha del documento que había analizado era del 4 de diciembre de 2016, por lo que la Fiscalía señaló el error.

El juez Orlando Íñiguez consideró que dicha exposición y dictamen no estaba bien sustentada pues ni siquiera pudo explicar la metodología que hubiese seguido para obtener la conclusión de que la firma era falsificada, además de que la confusión de la fecha ponía en entredicho su análisis.

Esto, aunado a la declaración del exrector Nochebuena fue prueba suficiente para el juez para vincular a proceso a González Tiburcio. Incluso, en la argumentación de su decisión, el juez explicó que el exfuncionario había “faltado a la verdad” al denunciar la supuesta falsificación de la firma en el documento, toda vez que el perito de la Fiscalía concluyó que la rúbrica sí fue “de su puño y letra”.

Pese a que la denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu ocurrió en junio 2017, el juez consideró que probablemente fue una estrategia del exsubsecretario para exculparse de alguna investigación futura, toda vez que dicho convenio derivó en otro convenio mediante el cual presuntamente se desviaron 185 millones de pesos de recursos públicos de la Sedatu. Por ello determinó que existe materia para seguir investigando al imputado.

En el convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016, obtenido por Animal Político vía transparencia, tenía como objetivo “la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

Para cumplir con ello, según establece la quinta cláusula, “las partes” acordaron la realización de convenios específicos a través de sus respectivos representantes. Así ocurrió. El convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 fue firmado el 2 de febrero de 2018 entre el rector Juan de Dios Nochebuena y Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno de González Tiburcio.

En el anexo a dicho convenio se estableció el pago de hasta 224 millones de pesos, aunque sólo se pagaron 185 millones de pesos. Sin embargo, la universidad subcontrató a empresas para supuestamente realizar los servicios, pero se trató de compañías irregulares, según determinó la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría 196-DS.

Al revisar la ruta del dinero, la Auditoría determinó “simulación de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.

Por ello, al considerar que hubo un presunto desvío de 185 millones de pesos, la Auditoría, interpuso una denuncia penal ante la PGR en contra de la Sedatu el 29 de octubre de 2018.

Por el convenio específico, Armando Saldaña también denunció ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu y ante la PGR que su firma fue falsificada, a la par que su jefe. Sin embargo, su proceso ya concluyó y el juez determinó la falsificación de su rúbrica, según explicó la defensa de González Tiburcio.

El equipo legal del exsubsecretario explicó que las diferencias entre las firmas se nota incluso a simple vista, por lo que continuarán aportando pruebas en los próximos tres meses para confirmar que su cliente no firmó dicho convenio.