La iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) que planteó la bancada de Morena y hoy se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tiene por objetivo fortalecer al director de la empresa por encima del Consejo de Administración, lo que por un lado aceleraría la toma de decisiones rumbo a las metas de esta administración, aunque mermaría la transparencia y la rendición de cuentas que implica la operación de un gobierno corporativo.

La propuesta se basa, centralmente, en limitar las facultades del Consejo de Administración y darle mayores atribuciones al director general para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa. También plantea incorporar al director general al Consejo de Administración como invitado permanente con voz, pero sin voto, previéndose que dicho órgano de gobierno no podrá sesionar sin su presencia, lo que no ocurre hoy.

Para Arturo Carranza, especialista en energía de la consultoría Mercury, “lo que se busca en el fondo es que el director pueda orientar el curso de la empresa, que su participación en el consejo pueda influir, para que su opinión se traslade al plan de negocios, es decir, fortalecerlo para que pueda plasmar su visión y acelerar las tomas de decisiones, que es la idea de la nueva administración si se quiere llegar a las metas agresivas que se han planteado, como la producción de 2.4 millones de barriles diarios de crudo al final del sexenio y la construcción de una nueva refinería”.

Pero la reforma, que únicamente requiere de la aprobación por una mayoría simple del Congreso (al tratarse de una ley secundaria), también propone transferir al director facultades que actualmente corresponden al Consejo como la conducción central y estratégica de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como de cualquier empresa en donde tengan directa o indirectamente capital accionario y nombrar y remover a los directivos que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al director general, así como funciones relacionadas con tabuladores y recursos humanos.

“Está el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, eso es un gobierno corporativo y en una empresa con un presupuesto tan grande como el de Pemex es necesario que se ejerza con pertinencia”, recordó Carranza.

Consejo más profesional

En cuanto a los consejeros profesionales de la empresa, plantea que deberán tener una experiencia necesaria de al menos cinco años para cumplir con las funciones del cargo y prevé que los consejeros independientes reciban una remuneración de conformidad con los tabuladores que para tal efecto emita el gobierno federal, y no los más de 625,000 pesos mensuales que cobraron durante el sexenio pasado.

Los consejeros serán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción “pues no se entendería la toma de decisiones que afectan al país sin la responsabilidad que la misma implica” según las modificaciones. Asimismo, se cambiará el plazo en que opera la prescripción para exigir la responsabilidad de los consejeros, pasando de cinco a 10 años.

Finalmente, de los seis comités existentes en el Consejo de Administración, se reducirá a dos: Comité de Auditoría, cuyo presidente permanente será un representante de la Secretaría de la Función Pública, además del Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios.

En un comunicado conjunto, las organizaciones no gubernamentales México Evalúa y Ombudsman Energía anticiparon que de aprobarse el texto tal como se presentó traerá una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del director de Pemex, sin contrapesos y equilibrios, además de incertidumbre respecto al modelo energético nacional y el riesgo de que se incremente la corrupción ante la falta de transparencia en la empresa.