Por Itxaro Arteta para Animal Político

A menos de un año de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos y ante las críticas, incluso internacionales, por los limitados avances que ha tenido, el nuevo gobierno decidió convocar a una renovación de su titular —quien ante la noticia, renunció—. La Ley de Desaparición Forzada obliga a hacer una consulta con los familiares de víctimas, pero a los colectivos les preocupa que la ruta que ha trazado el gobierno para buscar nuevo comisionado no sea transparente y que no los tome realmente en cuenta.

La mayor crítica a la convocatoria de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) es que no habrá un cara a cara entre los aspirantes a dirigir la búsqueda de desaparecidos y los colectivos de víctimas, como sí ocurrió hace un año cuando se eligió al primer comisionado. Entonces se organizó un diálogo abierto con preguntas y respuestas al que acudieron 178 participantes. Pero la convocatoria publicada por Segob el viernes pasado señala que sólo el subsecretario, Alejandro Encinas, hará entrevistas por separado a los tres candidatos finalistas y luego las publicará en internet.

“No es lo mismo ver un video, una entrevista privada, que no te permite tener una interacción, a poder verlo a los ojos y cuestionarle: tú qué piensas de esto, cómo vas a solucionar esto. Nosotros como familias no sólo tenemos derecho, sino mucho interés en conocer a quienes pretendan ser comisionado o comisionada, porque es quien nos tiene que dar el resultado, quien tiene que estar trabajando con nosotros”, lamenta en entrevista Grace Mahogany Fernández, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en 2008 en Coahuila, e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem).

La activista asegura que el gobierno ni siquiera estaba considerando las entrevistas, pero los colectivos insistieron en que había que cuestionar a los aspirantes. Y sin embargo, critica la poca participación que los familiares podrán tener, ya que sólo por escrito podrán postular candidatos y sugerir qué preguntarles.

Para Jorge Verástegui, abogado y consultor en temas de desaparición forzada que ha trabajado con varias organizaciones de derechos humanos, el mecanismo organizado por el gobierno ni siquiera es una consulta real, como establecen los artículos 51 y 52 de la Ley de Desaparición Forzada.

“Una cosa es que te pregunten al principio a quién quisieras, pero después tendría que venir preguntar también: si tenemos todas estas opciones cuál les parece la mejor, cosa que no ocurre, entonces quedará a discrecionalidad de ellos. Me parece preocupante porque en esos términos no hay una consulta. La convocatoria además no dice qué criterios tomarán en cuenta, y el problema es que ponen en duda la legitimidad del mismo proceso, porque aunque se supone que es transparente, justo no se sabe cuáles son los criterios para decidir por qué una cosa la valoran sobre la otra”, señala.

La renuncia anunciada del comisionado

Durante el periodo de transición después de las elecciones, Encinas prometió que en los primeros 100 días de nuevo gobierno se cambiaría al titular de la Comisión de Búsqueda y se le daría presupuesto para que realmente empezara a trabajar.

Ante la inminente convocatoria para sustituirlo, el todavía comisionado, Roberto Cabrera, presentó su renuncia el pasado 15 de enero. La hizo oficial al rendir su primer y único informe de labores, en el que se despidió del cargo con la presentación de la base de datos más amplia hasta ahora sobre personas desaparecidas: 40 mil 180 con edad, sexo y lugar de desaparición.

En entrevista con Animal Político, Cabrera prefiere no ahondar en las circunstancias de su salida, pero sí defiende que a pesar de las limitaciones que tuvo para operar, quien llegue en su lugar no tendrá que empezar de cero.

“Sí es muchísimo lo que hay pendiente. Poderlo atender en un corto tiempo, y cuando es tan multifactorial, con todo lo que se tiene que hacer, y en un cambio de gobierno… fueron muchos elementos que complicaron tener un mayor avance. Sin embargo, considero que sí se sentaron bases importantes para continuar”, afirma.

“Yo la verdad no hablaría de éxito o fracaso; lo que puedo decir es que identificamos a 400 personas que estaban fallecidas no identificadas, algunas con más de 10 años. También esta información que hicimos pública va a servir muchísimo, podemos ver cuántas personas desaparecidas son mujeres, hombres, niños. Es información que nos va a permitir comprender un poco más esta terrible situación que estamos viviendo en México. La verdad es que considero que no se va a partir de cero”.

Pero Jorge Verástegui matiza que en algunos casos de identificación fue sólo con huellas dactilares, lo cual no es suficiente para estar seguros de que son las personas señaladas.

Grace Fernández considera que esa base de datos sí es un avance, a pesar de que la Procuraduría General de la República y Fiscalías locales no facilitaban la información, y no es correcto que el nuevo gobierno hable de “borrón y cuenta nueva”. Pero también cree que es el único avance, ya que entre la falta de presupuesto y de capacidad de gestión del comisionado, no hubo más estrategias como crear un protocolo homologado de búsqueda.

“Yo creo que su renuncia es derivado de que a final de cuentas no tiene los resultados que las familias esperábamos. Por muchas circunstancias, la mayoría ajenas a sus alcances, pero no deja deconvocatoria para seleccionar nuevo comisionado de Búsqueda ser su responsabilidad”, considera.

Un nuevo titular con capacidad de negociación... Lee la nota completa en Animal Político