Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

El 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 21:00 horas, los primos José Ángel y Nitza Paola, ambos de 31 años de edad, platicaban dentro de la camioneta de Nitza, estacionada fuera de la casa familiar, cuando al menos dos vehículos se estacionaron junto a ellos, de los que descendió una decena de militares apuntando con sus armas largas.

José Ángel bajó voluntariamente del vehículo, para permitir que los militares lo revisaran, pero Nitza Paola, que perdió la movilidad de las extremidades inferiores a causa de un infarto cerebral, no pudo bajar de la camioneta inmediatamente después de que los militares lo ordenaron.

Por ello, tal como señala el testimonio de sus familiares, Nitza Paola fue prendida del cabello por un soldado y arrojada fuera de la camioneta, y después otro militar derribó a José Ángel con un golpe de culata en la cara, al intentar defenderla.

Luego, ambos jóvenes fueron puestos a bordo de los vehículos en los que se transportaba el grupo de militares, y partieron con ellos, no sin antes robar el auto estéreo de la camioneta en la que platicaban los detenidos.

Una hora después, militares arribaron a la cercana vivienda de Rocío Irene, de 18 años, sobrina de José Ángel y Nitza Paola.

Después de invadir la vivienda y destrozar los muebles, el grupo de militares encerró en un baño a los dos hermanos de Rocío, de 13 y 11 años, y a su hija, de dos años, y a la joven le ordenaron ponerse calzado, porque se la llevarían con ellos.

Cuando la mamá de Rocío exigió que le explicaran el motivo de la detención, un militar le ordenó que se callara.

Los niños y la mamá de Rocío recuerdan un hecho: que las personas que invadieron su vivienda no sólo portaban uniformes militares, sino que todas sus armas contaban con números de identificación estampados en la culata.

Para tranquilizar a sus hermanitos y a su hija, Rocío aceptó irse con los militares sin oponer resistencia, les dijo “que no se preocuparan, que todo va a estar bien, que enseguida volvería”, según el testimonio de la mamá de Rocío.

Desde entonces han pasado nueve años, y de José Ángel, Nitza Paola y su sobrina Rocío, todos de la familia Alvarado, habitantes del Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Chihuahua, no se ha vuelto a saber nada.

Desde entonces se les considera víctimas de desaparición forzada.

Los efectos de la militarización

La desaparición de estos tres jóvenes es uno de los casos por los que el Estado Mexicano fue llevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2016, y finalmente hallado “responsable” de los hechos, en sentencia emitida el pasado 20 de diciembre de 2018.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (que hace parte del sistema de justicia nacional) determinó que el Estado Mexicano no sólo es culpable del rapto y desaparición forzada de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene, sino también de la impunidad con la que se benefició a los responsables, y de las amenazas, acoso e intentos de asesinato que, luego de los hechos, se emprendieron contra integrantes de la familia Alvarado para intentar silenciarlos.

Tal como concluyó el organismo intercontinental, estas tres desapariciones forzadas se dieron en el contexto de la estrategia de “despliegue de efectivos militares” para labores policiacas, emprendida en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón (emanado del Partido Acción Nacional) y que, destacó, “ha perdurado hasta la actualidad, sin cambios sustanciales”.

En su sentencia, la Corte Interamericana subraya que dicha estrategia basada en el uso de Fuerzas Armadas en labores policiacas ha provocado un “creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos, a manos de elementos castrenses, en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público” y recuerda que, por esta situación, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano que no empleara autoridades militares en labores relacionadas con seguridad pública.

La sentencia de la Corte Interamericana destaca también que, tras evaluar la situación de México, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU igualmente concluyó que la militarización de la seguridad pública está caracterizada por el “uso excesivo de la fuerza”, la “falta de rendición de cuentas”, y que el despliegue militar en el territorio nacional se da en un contexto de “impunidad sistémica y endémica”.

Además, la Corte Interamericana retoma en su sentencia contra el Estado Mexicano las conclusiones de Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el cual constató que la “estrategia de militarización para el mantenimiento del orden público” viene aparejada de un aumento en las denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en buena parte de los cuales los perpetradores señalados han sido elementos del Ejército.

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