Un cardenal católico y otras cinco personas comenzaron a ser juzgados en Francia hoy, al estar acusados de encubrir a un sacerdote que supuestamente abusó de niños de los Boy Scouts, el caso más importante hasta la fecha de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en el país.

El asunto supone un nuevo desafío para el Vaticano en medio de las crecientes demandas del país mayormente católico para abordar los abusos sexuales cometidos durante décadas por el clero en el país.

El cardenal Philippe Barbarin, de 68 años, compareció ante una corte de Lyon junto con otros altos cargos de la institución, acusados de no proteger a los menores de los supuestos abusos cometidos por el cura Bernard Preynat. El principal funcionario vaticano a cargo de los casos de abuso sexual, el cardenal Luis Ladaria, se encuentra entre los acusados, pero no comparecerá ante el juez porque el Vaticano invocó su inmunidad diplomática.

Después de sentarse en la primera fila, Barbarin mantuvo las manos juntas y cerró los ojos, como si estuviera rezando.

El juez leyó entonces las largas acusaciones contra los inculpados, y la defensa utilizó argumentos procesales para tratar de desestimar los casos.

Nueve personas que dijeron que Preynat abusó de ellos en las décadas de 1970 y 1980 llevaron el caso a los tribunales, y esperan que marque un hito en los esfuerzos por hacer que la jerarquía eclesiástica francesa rinda cuentas por silenciar los abusos. Las víctimas dicen que el alto clero estuvo al tanto de las acciones de Preynat durante años, pero que le permitió mantener el contacto con niños hasta su retiro en 2015.

A pesar de la atención que se presta en todo el país al caso, éste puede desmoronarse por motivos legales. Inicialmente, los fiscales lo desecharon por falta de pruebas y Barbarin mantiene su inocencia. Su abogado dice que su cliente nunca obstruyó la justicia porque la ley de prescripción había hecho caducar los actos en cuestión en el momento en que Barbarin fue informado.

"Acusar a un hombre inocente no promueve una causa", afirmó el abogado Jean-Felix Luciani.

Si son encontrados culpables de no denunciar las acciones del sacerdote, los acusados podrían enfrentar hasta tres años de prisión y una multa de 45,000 euros (51,300 dólares). Barbarin y algunos otros acusados también están acusados de no ayudar a una persona en peligro.

El caso es una nueva prueba para el papa Francisco, cuyo legado se ve amenazado por su punto ciego sobre los abusos sexuales del clero, un escándalo que ha colocado a la jerarquía católica en una crisis de credibilidad. Francisco ha exaltado a Barbarin como "valiente" y ha dicho que la justicia francesa debe seguir su curso.