La Comisión Federal de Competencia Económicas (Cofece) presentó una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones, tras considerar que genera incertidumbre que requiere subsanarse.

En un comunicado de prensa, informaron que “El Pleno de la Cofece decidió, en su última sesión de 2018, presentar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, porque adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”.

Además, consideró que el salario del Presidente de México debe tener parámetros claros para que su definición no quede sujeta a discrecionalidad, además de que se necesita certeza para los procesos de reclutamiento y permanencia de personal.

Indicó que “al ser el salario del titular del Ejecutivo federal el límite referencial de la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta fundamental tener certidumbre respecto a la información de los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, a fin de que no sea una decisión política o sujeta a la discrecionalidad”.

Y añadió: “la Cofece tiene un régimen especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al estar constituida como órgano autónomo de especialización técnica. Por ello, la ley referida debe contar con elementos que permitan regular de manera explícita los sueldos de una institución que cuenta con esta reconocida especialidad”.

Reseñó que el artículo 127 constitucional prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados pueden recibir un excedente salarial no mayor al 50 por ciento de la remuneración del Presidente.

Asimismo, señaló que el presupuesto de este año supone un ahorro de 34 millones de pesos en comparación con el del año anterior, donde destaca que el rubro de asesorías y estudios se redujo en 41.9 por ciento; comunicación social en 36.4 por ciento; y el gasto asociado a renta, mantenimiento y limpieza de oficinas en 14.6 por ciento.

Recalcó que todos los servidores públicos dejarán de contar con seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y apoyo para mantenimiento de vehículo. “Nunca han tenido bonos de seguridad ni gratificaciones especiales por separación de cargo, o algún monto mensual autorizado para gastos de representación”, afirmó.

Con información de Reforma