La revelación de que el crimen organizado participa en la explotación del carbón en Coahuila, puso al estado en el “epicentro” de un escándalo sobre la actividad del narcotráfico en México.

Y es que, luego que el exgobernador Humberto Moreira declaró a VANGUARDIA que “narcoempresarios” –incluyendo a Heriberto Lazcano, “El Lazca”, líder de Los Zetas- operan en las minas de la entidad y participaron en el asesinato de su hijo José Eduardo, el asunto ya podría considerarse el mayor escándalo en Coahuila en lo que va del siglo 21.

Ayer, la senadora Dolores Padierna, del PRD, reveló que el Senado de la República acordó formar una comisión especial para investigar las condiciones de las minas de carbón en Coahuila.

Indicó que dicha comisión también se encargará de elaborar un dictamen para expedir una Ley Minera que acabe con la presunta participación del crimen organizado que denunció Moreira.

Padierna calificó como positivo que Moreira haya dado a conocer que habría empresarios mineros involucrados con el narcotráfico, y dijo que si habló de ello es “porque sabe, porque le consta”.

Quienes no han expresado sus puntos de vista sobre la denuncia del exlíder nacional del PRI, son los funcionarios coahuilenses relacionados con la explotación del carbón.

El director de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), Marco Antonio Dávila Montesinos, no se ha aparecido por su oficina desde la semana pasada, donde se le ha buscado para que vierta su opinión sobre la denuncia del exmandatario sobre la compra de carbón a delincuentes a través de intermediarios.

Moreira dijo que empresarios de la Región Carbonífera compran carbón a delincuentes; sin embargo, para que ese mineral llegue a las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad tiene que pasar por Prodemi, empresa concentradora de los pequeños productores del mineral.

En tanto, el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, que audita a Prodemi, se comprometió, a través de su secretario particular, a conceder una entrevista la próxima semana sobre la situación del organismo.

Tampoco fue posible contactar a Ismael Ramos, titular de la Auditoría Fiscal del Estado (antes SATEC), dependencia de la que dependía Prodemi hasta el año pasado, cuando la encabezaba Javier Villarreal Hernández, acusado de contratar ilegalmente deuda pública estatal.

De su lado, el diputado federal panista Guillermo Anaya demandó que el exgobernador Humberto Moreira aporte datos y nombres a las autoridades, sobre sus acusaciones de empresarios ligados a la delincuencia organizada para que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Debe tener él los nombres y debe conocer el tema, porque durante seis años en su gobierno creció la Prodemi, que es la que compra (carbón) tanto a productores como a los ‘coyotes’”, afirmó. “La PGR tiene que citar a declarar, o él debe de aportar los datos y nombres a su hermano el gobernador Rubén Moreira”. (Agencias)