La Fiscalía General de Chihuahua tiene una investigación en proceso que menciona a un hijo del segundo hombre más importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones, un poderoso político mexicano, presidió esa fuerza que gobernó México desde 1929.

Beltrones, quien solicitó en enero pasado un amparo contra cualquier acción judicial, fue presidente nacional del PRI de agosto de 2015 a junio de 2016. Su segundo en el mando –y uno de sus hombres más cercanos– fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien estuvo en prisión preventiva nueve meses en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán en Chihuahua hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) sobreseyó el caso y, ahora, lleva un proceso en libertad por otro caso de presunta corrupción.

Su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, quien también solicitó en junio una suspensión para no ser detenido, es señalado de ser el representante legal de una empresa que habría servido para triangular recursos públicos a favor del partido del ex Presidente Peña.

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para servicios no prestados.

En entrevista telefónica con SinEmbargo, Gutiérrez Gutiérrez confirmó que su hijo forma parte de Promotora de Señalamiento Integral, la cual recibió un contrato de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua por 904 mil 579 pesos. Pero aseguró que “es mentira” que ambas compañías estén relacionada con triangulación de recursos públicos, y enfatizó que “no hay pruebas” del gobierno de Javier Corral Jurado. Solo “es interés político”.

“¿Dónde está la prueba de que se trianguló y a dónde? ¿Con quién me vi? No conocía a ningún funcionario público de Chihuahua”, dijo. “Tuvieron acceso un año a cuentas de la empresa Jet-Combustible. ¿Dónde están las pruebas de la parte donde participé yo? Mi actividad fundamental son las empresas”, dijo el ex secretario general adjunto del PRI.

El pasado 22 de noviembre, Alejandro Gutiérrez compartió en exlcusiva para Vanguardia Mx que vive bajo un “blindaje” ante el temor de una agresión, luego de haber estado nueve meses en una prisión de Chihuahua; además denunció que su familia está siendo acechada por el gobierno de esa entidad.

Sobre las dos empresas en investigación, Jet-Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, afirmó que “son empresas constituidas, al corriente con los pagos de impuestos, con contratos legales y un contrato bastante menor […]. No estoy en Promotora. Esa es de un grupo de jóvenes con actividades en diferentes lugares”.

SinEmbargo le cuestionó si le preocupaba que su hijo estuviera bajo la lupa del gobierno de Chihuahua. “Me preocupa la distorsión de la Fiscalía de Chihuahua, cómo funciona el sistema judicial. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la seguridad de mi familia, su integridad física”, dijo. Según él, las autoridades chihuahuenses solicitaron una carpeta de fotos de su esposa e hija “que nada tienen que ver”.

“Hago responsable de la integridad física de mi familia al Gobernador de Chihuahua [Corral Jurado] y al Fiscal [César Augusto Peniche Espejel]”, declaró Gutiérrrez Gutiérrez.

El Fiscal César Augusto Peniche Espejel dijo en entrevista que en esta etapa de la investigación de la causa penal 4094/2017 no pueden referirse a una persona en particular. Agregó que no se ha exonerado a nadie ni se dejará de investigar a ninguna persona. “Hay nombres ligados a esas empresas que están dentro de la investigación, dentro de las carpetas, y desde luego su situación jurídica de estas personas, en su momento, deberá de determinarlo el Ministerio Público [la Fiscalía de Chihuahua]”, aseguró.

Sobre la suspensión de aprehensión obtenida por Alejandro Gutiérrez Gómez este verano, Peniche afirmó que “el juicio de amparo malamente ha sido utilizado como un instrumento de impunidad para aquellas personas que han cometido diversos ilícitos. Es una figura que lamentablemente ha caído en esa condición, que tiende a retardar el avance natural de los procesos. Y en este sentido, hemos sido muy cuidadosos en no trastocar la suspensión provisional, pero eso no impide que también se siga la investigación en otros aspectos de la propia carpeta”.