Durante el segundo día de actividades del Primer Foro Nacional de Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical, un grupo de 12 ponentes, entre víctimas, psicólogos, activistas, sacerdotes y exsacerdotes firmaron un acuerdo que exige a las autoridades nacionales e internacionales tomar cartas en el asunto contra pederastas que viven en la iglesia.

Luego de que los ponentes presentaron su participación en el foro, donde se revivieron temas como el de los delitos de abuso y violación sexual de los que fue acusado el sacerdote mexicano Marcial Maciel a finales de los 90, la organizadora del foro dio lugar a la lectura del acuerdo. 

La lectura del documento titulado “Declaración de Monterrey”, fue iniciada por el activista Jesús Romero Colín, víctima del sacerdote Carlos López Valdés a quien condenaron con 63 años de prisión: 

“La jerarquía católica, la sociedad y el Estado, deben dar una respuesta inmediata a la problemática de la pederastia clerical. Es urgente una transformación de fondo de la iglesia, donde se incorpore activamente a mujeres y a fieles”, expresó. 

Detalló que en este foro, se expuso el funcionamiento de un mecanismo de encubrimiento que opera en la estructura de la iglesia católica y que debe ser combatido. 

Dentro del documento que fue leído por los otros ponentes, se agregó la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos de los Niños de la ONU, que fueron emitidas al Vaticano, exigiendo terminar con el encubrimiento de abusadores de menores, misma exigencia que se repitió al Estado Mexicano en el 2015. 

“La Santa Sede deberá entregar a las autoridades competentes, los listados con los nombres de los perpetradores de abuso sexual dentro de la iglesia para conocimiento público, así como para iniciar las acciones legales de los ámbitos civil y canónico”, expresa el documento. 

Asimismo, en la declaración que también firmó el ex sacerdote Alberto athié, exigieron la tipificación del delito de pederastia en las 32 entidades de México, así como juzgar en la misma materia a quienes encubran o sean cómplices del mismo. 

Entre los compromisos del grupo que participó en el foro, mismos que fueron leídos por la organizadora Cristina Sada, los ponentes afirmaron que será creada una coordinación nacional que dé continuidad al esfuerzo de acción y trabajo inciado en el foro y dar seguimiento a las exigencias planteadas; conformar una comisión de especialistas en derecho que ofrezca apoyo a los casos en proceso, así como los que se presenten en un futuro, y a su vez crear marcos jurídicos que se encarguen de la justicia y reparación a víctimas de pederastia, incluyendo a quienes tengan décadas en su exigencia. 

Aunque el activista Ignacio Martínez Pacheco, presunta víctima del padre Juan Manuel Riojas Martínez “Padre Meño”, iba a cerrar las actividades el foro, asegurando que en esta ocasión revelaría los nombres de la red de pederastia en Coahuila, a última hora canceló su participación por motivos personales.