Por Arturo Daen (@arturodaen) para Animal Político

Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.

Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.

Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, organización que ha dado asesoría legal a los padres de los normalistas, explicó en entrevista dos de las derrotas judiciales para la PGR y su “verdad histórica”, en lo que ha sido una “larga cadena” de desatinos.

Una de ellas se dio cuando una jueza dictó auto de libertad para cuatro personas señaladas como presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que según la versión de la Procuraduría tuvieron un papel clave en la desaparición de los normalistas, incluso como autores materiales del crimen.

Entre el grupo de liberados están los hombres apodados el Jona, el Pato y el Chereje, cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR, en ese entonces al mando de Jesús Murillo Karam, para sustentar la versión de que los normalistas murieron en una pira en Cocula, misma que a la postre fue descartada por los expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, al no encontrar evidencia científica de ello.

El Jona, el Pato, el Chereje, y otro hombre identificado como el Wereke, habían sido señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero ambas acusaciones “se cayeron”. La jueza, en su resolución, estableció que parte de las pruebas obtenidas contra ellos fueron ilegales, que hubo tortura para sacarles confesiones, y que existieron otras violaciones al debido proceso. Además, los testimonios se contradecían entre sí.

Otra resolución relevante para el caso se dio cuando un Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación sobre Ayotzinapa y que se establezca una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por representantes de las víctimas y la CNDH, como controles externos ante el trabajo del Ministerio Público.

Entre otros puntos, el Tribunal señaló que confesiones de detenidos fueron obtenidas con tortura, y que la PGR no actuó con imparcialidad ni autonomía, ya que no exploró a fondo las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, por acción u omisión, en los hechos violentos contra los 43 jóvenes.

La PGR del gobierno de Peña Nieto presentó impugnaciones al considerar que solo el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar delitos, y no una Comisión para la Verdad como la que planteó el Tribunal. Esta discusión judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse.

“El gobierno federal, contra esta orden de un tribunal colegiado, usó una ofensiva jurídica que incluyó la presentación de más de 200 recursos escritos y documentos legales”, dijo Aguirre, del Centro Prodh.

“Combatió más la creación de esta Comisión, que la liberación de los detenidos”, agregó en referencia a liberaciones como la de el Jona, el Pato, el Chereje y el Wereke.

Sobre las fallas en la investigación, Aguirre mencionó que el gobierno de Peña Nieto, por motivaciones políticas y para enfrentar el descontento social, tomó la decisión precipitada de que la PGR saliera a medios a decir que ya había aclarado el caso, sin tener un sustento.

“Esa injerencia política en la investigación precipitó las cosas, influyó en que se hablara de una verdad histórica cuando no había tal; permeó en que se hicieran conferencias de prensa y declaraciones públicas, cuando ni siquiera se habían concluido los trabajos periciales”, dijo el subdirector del Centro Prodh.

Algunas instituciones del Estado, como el Ejército, no mostraron disposición para caminar hacia la verdad en el caso Ayotzinapa, agregó Aguirre, omitieron información y no colaboraron con los mecanismos internacionales como el GIEI.

“No tenemos evidencia que indique participación activa (del Ejército) en la detención y posterior desaparición de los jóvenes, de lo que sí hay evidencia es de que elementos específicos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, tenían contactos con la delincuencia organizada, fueron omisos la noche del 26 de septiembre, y después en sus primeras declaraciones mintieron o deliberadamente omitieron datos relevantes”.

El Tribunal Colegiado que ordenó una Comisión para la Verdad, entre sus argumentos para reponer la indagatoria, señaló que la PGR había actuado de forma parcial, sin autonomía, al no explorar las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal, por acción u omisión en la desaparición de los jóvenes.

De ahí que en la sentencia incluso se obligara al Ejército y cuerpos castrenses a abrir sus instalaciones, para la búsqueda de datos que permitan conocer lo sucedido con los estudiantes.

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México, dijo en entrevista con Animal Político que la sentencia de un tribunal, para reponer la investigación sobre Ayotzinapa, es “histórica”, y que tiene la expectativa de que con el nuevo gobierno haya un avance en este caso.

El pasado 26 de septiembre, justo cuando se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 normalistas, la PGR dijo que han sido detenidos más de 100 presuntos responsables, y atribuyó que no haya sentencias condenatorias “a las circunstancias” propias de los procesos penales.

El “alargamiento procesal” derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados,  señaló la PGR, ha provocado “que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público”.

Respecto a la liberación de detenidos clave en el caso, quien fue secretario de Gobernación durante gran parte de la administración de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó que se debe a argucias legales, y que más allá de lo establecido por los jueces él confía en la PGR, como una institución seria y responsable.

En  2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Peña Nieto prometió que durante su gobierno sería esclarecido el caso y serían detenidos todos los responsables.

“No basta con la captura de los autores intelectuales. Detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables”, dijo Peña Nieto. “A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto, les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia”.

Cuatro años después, en una entrevista con Denise Maerker, Peña Nieto reconoció que Ayotzinapa marcó a su administración, aunque defendió que todos los elementos de la investigación concluyeron en que los jóvenes fueron quemados en Cocula.

“Yo creo que esto fue lo que ocurrió… si la investigación tuvo errores y fallas, bueno, está abierta, y creo que sigue en curso”.

Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, dijo a Animal Político que la crisis de violencia y violaciones a garantías vivida en el país este sexenio está “lastimosamente coronada” con el caso Ayotzinapa, que tuvo impacto no solo en México.

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