El documento público ‘Lista de sancionados derivados de procedimientos administrativos de responsabilidad’ demuestra una baja en la aplicación de sanciones por irregularidades que cometen los servidores públicos del Estado.

Durante el 2016, de acuerdo con la información pública de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se aplicaron 24 sanciones, mientras que en el 2017 se elevó a 40 y hasta el mes de octubre del presente año son sólo nueve sanciones contra servidores públicos del Gobierno Estatal.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior del Estado (ASEC), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) giran instrucciones a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para iniciar procedimientos administrativos por irregularidades encontradas en las cuentas públicas.

A la instrucción que giran la ASEC y la ASF, se suman las investigaciones de la misma Secretaría por denuncias, así como derivado de las revisiones del cumplimiento de la declaración anual, que a partir del presente año es para todos los servidores públicos del país, sin importar su cargo.

La mayor parte de las sanciones derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado son aplicadas por los municipios. Un estudio de la misma ASEC de 2014 y 2015 revela que los órganos internos de control de municipios, organismos autónomos y poderes aplicaron mil 155 sanciones a igual número de servidores públicos.

Además de ser escasas, las sanciones derivan en su mayoría en apercibimientos y amonestaciones, y en pocas ocasiones en suspensiones por varios días, así como inhabilitaciones por algún periodo.

En el 2016, de acuerdo con el documento de la Secretaría, se aplicaron sanciones en contra de funcionarios y exfuncionarios del Servicio Médico y Dirección de Pensiones de los Maestros de Coahuila derivado de las observaciones en cuenta pública: Francisco Benito Parra Mireles, Higinio Leonel Hinojosa Valdés, y Alejandro Treviño Saldaña, todos con apercibimiento únicamente.

En el 2018 las sanciones más grandes fueron inhabilitación, y aplicaron para Fabián Isidro Núñez Aguirre, quien tenía doble plaza en el Gobierno Estatal, y Benjamín Enrique Moffat Peña, funcionario del Instituto del Deporte.