A igual que entidades como Aguascalientes y Guanajuato, Coahuila y sus municipios podrían tener un padrón único de proveedores para homologar la contratación y venta de servicios y bienes a la administración pública, “dado que el gran tema de la corrupción está en las compras públicas”.

Fuentes del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila señalaron que pronto podría impulsarse en la entidad la implementación de un padrón único de proveedores para el Gobierno del Estado y los municipios.

Actualmente, no existe una homologación de este tipo, por lo que el control de quienes venden productos o servicios a la administración pública no existe al 100%.

“El tema con el padrón único de proveedores es generar inteligencia institucional, que le permita al Estado y al Estado Mexicano eventualmente, saber cuál es el comportamiento de quien le vende y de quien realiza transacciones económicas con el Estado.

“Pero además, revisar que los padrones sirvan para lo que están construidos, que es para garantizar la prestación de los servicios, y dos temas, que efectivamente paguen impuestos y que sean empresas legalmente constituidas”, señaló la fuente cercana a este procedimiento.

Añadió que tener un padrón único de proveedores también podría garantizar, que como lo entendimos en seguridad hace algunos años, quien incumple, incumple para todos los sujetos obligados.

Explicó que de esta forma, se acabaría con el hecho de que un proveedor que caiga en alguna mala práctica y sea sancionado, se dé de alta en otro padrón de otro municipio.

La fuente dijo que la idea es también sacar el padrón de las instancias a las cuales regulan, por lo que esta área podría ser manejada por el Congreso, el ICAI o cualquier otra institución que no tenga que ver con la realización de las compras.

La normatividad al respecto es laxa, como se lee en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila. En donde se permite que cualquier municipio u organismo paramunicipal puede tener sus propios proveedores, excepto cuando el financiamiento de sus acciones u obras sea total o parcialmente con dinero estatal.

¿En qué beneficia ‘endurecer’ la norma?
Según el Sistema Estatal Anticorrupción, esto reduciría el margen para la corrupción en las compras públicas: 
- Busca generar inteligencia institucional para saber el comportamiento de los proveedores
- Se garantizaría la prestación de servicios
- Se tendría en una base de datos que en realidad paguen impuestos y no sean ‘fantasmas’
- Evitaría que malos proveedores sean sancionados solo en una parte de la administración pública 
- Sería manejada por una institución independiente como podría ser el ICAI