En Washington se reunió por segunda ocasión la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad de Alto Nivel, en la que participaron Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

El tema fue la inmigración indocumentada, considerada por Washington un asunto de seguridad, mientras para los otros cuatro países la desigualdad económica, la falta de oportunidades, la violencia y las oportunidades de empleo, son los motores de la migración, lo mismo en Centroamérica que en México.

Se desarrolló en un ominoso contexto definido por la continuación de la crisis de separación de familias en la frontera –a pesar de que desde hace meses debió de haber terminado–, en la que las víctimas son un número considerable de menores y de familias angustiadas por la separación, provenientes fundamentalmente de los tres países centroamericanos del llamado Triángulo del Norte. 

La reunificación ordenada hace meses no sólo no termina, sino que se amplía el número de víctimas mientras un número considerable de menores han perdido contacto con sus familiares. Amnistía Internacional informa que Trump separó a más de seis mil familias y que la separación de éstas no ha cesado, las víctimas aumentan.

Otro dato ominoso es que la ayuda económica de Estados Unidos a los países centroamericanos ha sido reducida en los últimos años: en 2018 ascendió a 460 millones de dólares, 34 por ciento menos que el año anterior. 

Precisamente la Conferencia se planteó por la necesidad de apoyar el desarrollo económico de los países, que ayudaría a disminuir la pobreza, la violencia y con ello la necesidad de miles de migrar hacia EU. Para Washington el centro está en detener los flujos migratorios que atraviesan México antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos.

El enfoque no ha variado: Washington pretende continuar asignando a México la tarea de ser policía migratoria. Quedó en suspenso un plan para destinar 20 millones de dólares a fin de “ayudar” a México con los costos de la deportación de inmigrantes indocumentados de terceros países. 

Se buscará por parte de la Casa Blanca llegar a un acuerdo con el gobierno entrante mexicano. La ayuda sería destinada para el pago de boletos de avión y autobús para la repatriación de hasta 17 mil inmigrantes indocumentados desde territorio mexicano. O sea, de acuerdo con ese plan se pretendería que México fuera una especie de agente migratorio de EU que operaría en territorio nacional. 

Inaceptable lo que se pretende, porque México deberá dejar de ser policía de EU para detener la migración.

Y el próximo gobierno de México definirá una nueva política en la que no cabe la policía migratoria nacional al servicio de Washington, como ha venido sucediendo con la lamentable acción represiva en territorio nacional, aunada a la delincuencia que asola a los inmigrantes centroamericanos que atraviesan, con enormes sufrimientos, vejaciones, despojos, violaciones y asesinatos, el territorio nacional. 

Es evidente que eso tiene que cambiar de acuerdo con los intereses y políticas de México y no con los de EU.

La única salida es el desarrollo económico y social de los países centroamericanos y una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, en primerísimo lugar en México. 

EU pretende apuntalar el sistema mexicano en materia migratoria como “un proyecto que complemente nuestro esfuerzo más amplio”, afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. Que el gobierno mexicano “forme parte de este esfuerzo por proteger nuestro interés de seguridad nacional”.

El vicepresidente Pence advirtió durante la Conferencia, refiriéndose a las políticas de los países centroamericanos y, posiblemente incluso, de México, que “mientras construyen asociaciones comerciales con otras naciones, incluida China, les urgimos a centrarse y demandar transparencia y mirar por sus intereses en el largo plazo y los nuestros”. 

Se pretende así involucrar a la región en la guerra comercial de Estados Unidos con China, y exorcizar el fantasma de un acercamiento de Beijing a los países necesitados de recursos, desarrollo y apoyo. ¿Consejo, amenaza, advertencia? O remembranza de que la Doctrina Monroe está vigente para Estados Unidos: “América para los americanos”.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llamó a las autoridades de Estados Unidos a “buscar en su conciencia y ponerse en la piel de los padres de los niños separados para hallar una solución de la crisis humanitaria de separación de familias que ellos crearon con la aplicación de la denominada política de cero tolerancia en la frontera”.

México exigió también la reunificación de familias, el canciller Videgaray se refirió a la “responsabilidad que tiene México con los migrantes que viajan a Estados Unidos, de la necesidad de tratarlos con dignidad y respeto a sus derechos humanos”; lo que no sucede.