Días antes del primero de septiembre, trece promocionales sobre el sexto y último Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ilustraron la nota final de un sexenio. Desde la penumbra de su oficina, con gesto adusto y voz pausada, el Presidente de las reformas estructurales seleccionó momentos clave de una administración que quedó atrapada entre la modernidad de los nuevos diseños institucionales y el poder de intereses políticos y económicos excluyentes de la mayoría de la población. En el acto público de Palacio Nacional y en el documento entregado al Congreso, existe información útil más no exhaustiva para un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Dentro de los datos brindados se mencionan las reformas constitucionales que mejoraron el marco normativo del quehacer gubernamental: archivos, transparencia y acceso a la información, fiscalización oportuna, delimitación y ampliación de la responsabilidad pública de funcionarios y particulares que tengan que ver con el gobierno. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la puesta en marcha de sistemas locales anticorrupción en 22 entidades de la República que hoy en día cuentan con un comité coordinador sesionando sintetizan parte del cambio anunciado. También se incluyen la publicación de 37 mil bases de datos de 267 instituciones del gobierno federal, la información de más de dos mil proyectos de contrataciones públicas y los datos abiertos sobre presupuesto. Sin embargo, contrario a lo que dijo el Presidente, estas medidas son insuficientes para "desterrar la corrupción de nuestra vida pública".

A la fecha, la forma de destinar y ejercer los recursos públicos no es idónea. El último informe de la Auditoría Superior de la Federación muestra discrepancias en el ejercicio de al menos 9 mil 950 millones de pesos provenientes de fondos federales. La manera en que los gobiernos respondan a estas observaciones, acaten recomendaciones, reintegren los recursos a la tesorería —en caso de que se acrediten las irregularidades— será la muestra de que las normas se empiezan a traducir en hechos. Y no al revés.

Lo mismo sucede con un listado de temas ausentes en el informe. Al cierre de este sexenio se acreditan mil 752 sanciones e inhabilitaciones impuestas a licitantes, proveedores y contratistas que participaron en contrataciones públicas con el gobierno. Algunos nombres están ausentes: Aldesa, la empresa constructora de lo que después sería el socavón del Paso Exprés, quedó libre de responsabilidades y continúa participando en obra pública. El caso Odebrecht ha detonado sentencias y encarcelamientos en varios países de América Latina menos en México. A pesar de que altos directivos reconocieron ante la justicia brasileña que pagaron 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos con Pemex la investigación aún no concluye y ha quedado varada en la PGR. Todo indica que habrá carpetazo. Ni siquiera el contenido íntegro de los contratos celebrados con recursos públicos han podido conocerse puesto que el Inai ha decidido esperar al nombramiento del Fiscal Anticorrupción para que se determine si se trata o no de delitos de corrupción.

Otra importante ausencia del informe es la violencia contra periodistas y la impunidad que persiste en estos casos. El sexenio termina, según datos de la organización Artículo 19, con cerca de dos mil agresiones a comunicadores y 41 asesinatos. La lentitud de las investigaciones y la ausencia de sentencias hablan de la ineficacia de las medidas de protección a periodistas y de lo fácil que es callar a quienes incomodan a grupos de poder formal e informal.

Además de estos temas, los casos que ahora se empiezan a desestimar por supuesta falta de pruebas, como el del ex secretario del PRI Alejandro Gutiérrez y el del ex gobernador Javier Duarte, necesitan ser documentados y explicados a la ciudadanía. Sin estas respuestas, el balance del combate a la corrupción está incompleto. El carpetazo no será un punto final ni liberará de exigencia ni a los responsables ni a quien ocupe la silla vacía del águila.