La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone que se establezcan “cuotas parciales de recuperación” en la universidades públicas de México. De acuerdo con los empresarios que integran ese organismo, esa sería una forma de garantizar la viabilidad económica de tales instituciones educativas.

A través de un comunicado, la Coparmex señaló que el crecimiento del sistema de educación superior en México ha sido significativo en términos de cobertura y capacidades físicas instaladas; sin embargo, “las deficiencias sistémicas en el proceso educativo y la frecuente falta de pertinencia de los conocimientos transferidos y las competencias enseñadas, han deteriorado su capacidad”.

De acuerdo con la organización de empresarios, al menos diez universidades públicas estatales se encuentran en estado de insolvencia, y otras muestran “signos graves” de falta de liquidez.

“En Coparmex coincidimos con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación superior en México”, señalaron, pero no con la construcción de más universidades, sino con el aprovechamiento “a plenitud” de las instalaciones ya existentes.

Esto, porque una de las propuestas del ahora presidente electo en campaña fue la de construir 100 universidades públicas a lo largo de todo el país.

Sin embargo, expresó la Coparmex “un sistema de gratuidad ciego y a ultranza puede afectar sobre todo a las universidades públicas que hoy operan con salud financiera, y al mismo tiempo, ser regresivo para impulsar mayores oportunidades y capilaridad social”, aseveró la Coparmex.

Los empresarios sugirieron “un cambio de paradigmas”, en el que se reconozca los diversos perfiles económicos que acceden a la educación superior en sus diversas modalidades, pues “hoy en día, una parte significativa de la matrícula de las universidades públicas está conformada por estudiantes provenientes de las familias de los deciles de ingresos más elevados”.

El modelo planteado por la Coparmex basa la viabilidad económica en “la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas, aplicables a las personas que sí pueden contribuir a solventar los costos del servicio educativo”.

De manera complementaria, y para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, propuso que el gobierno federal celebre convenios con universidades privadas “de calidad reconocida, para que aquellos aspirantes que cumplan con los perfiles académicos de ingreso, puedan obtener, de forma transparente, becas parciales o totales”.

La Coparmex también señaló que las universidades deben rediseñar los programas, los contenidos de los planes de estudio y los modelos de enseñanza, pues “en el contexto internacional se exige profesionistas preparados para ser competitivos”.

En México, el ingreso a la educación superior ha sido un reto permanente: hasta 2016, solo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años de edad había cursado la educación superior.

Hasta el ciclo de 2016, la tasa de escolaridad en educación superior fue de 32.1%, de acuerdo con el quinto informe del presidente Enrique Peña; es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad pudo hacerlo.

Huelga del 99 en la UNAM
Entre 1999 y el 2000, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se creó un movimiento estudiantil contra la modificación del Reglamento General de Pagos, que tenía como objetivo modificar los conceptos de pago por inscripción, cuota semestral y servicios, volviéndolos de carácter obligatorio.

Esta propuesta provocó que diversos grupos estudiantiles se constituyeran en Asamblea y se planteara la huelga como única respuesta posible a la postura de Rectoría.

Tras la aprobación del nuevo reglamento, el 15 de marzo de ese año, aumentaron las reacciones y manifestaciones de los estudiantes, lo que finalmente derivó en el inicio de la huelga estudiantil, el 20 de abril de 1999.

Para el 2000, se convocó a un plebiscito por parte de Rectoría, para pulsar la opinión de la comunidad universitaria sobre la propuesta de la UNAM de dejar sin efecto el reglamento aprobado, a cambio de terminar con la huelga.

El 90% de quienes participaron en la consulta votaron a favor de poner fin a la huelga. El conflicto terminó con la entrada de la Policía Federal Preventiva, el domingo 6 de febrero del 2000.