La próxima administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descarta la posibilidad de abrogar la Ley de Seguridad Interior, como lo han solicitado organizaciones civiles integradas en el colectivo Seguridad sin guerra que, según advierten, ratifica la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública que corresponde a autoridades civiles y vulnera derechos humanos.

Olga Sánchez Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación, afirma en entrevista con Animal Político que el gobierno entrante esperará la resolución de la Suprema Corte de Justifica de la Nación (SCJN) respecto a las controversias constitucionales interpuesta por gobiernos municipales.

En tanto, el colectivo considera que la abrogación sería el camino ideal para evitar que la Ley resulte, en la práctica, en violación a los derechos humano. “Podría ser que la Corte sólo quitara algunos artículos que son evidentemente inconstitucionales, pero dejaran lo demás. Nos preocupaba mucho”, dice Ixchel Cisneros, directora de Cencos, una de las organizaciones del colectivo.

“Teniendo mayoría en el Congreso, (Morena) tendría la capacidad de sacar una ley distinta y abrogar la de Seguridad Interior, que es una de las solicitudes de las víctimas. Está bien respetar el proceso de la Corte, pero ellos también podrían incidir, haciendo su trabajo aparte. Podrían pensar en otra ley distinta”, asegura Cisneros.

Sánchez Cordero asegura que están esperando la resolución del máximo Tribunal, “podríamos avanzar en la derogación, pero por respeto a la Corte debemos esperar el resultado”. Ella, como exministra de la nación advierte que la Ley efectivamente “es inconstitucional en varios artículos y sería benéfico cuando menos reformar los artículos que veo inconstitucionales”, pero por el momento no la abrogarán.

En diciembre pasado, el Legislativo aprobó la Ley de Seguridad Interior pese al rechazo de diversas organizaciones civiles y organismos internacionales como la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional por integrar preceptos contrarios al respeto a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales.

Entre las críticas expuestas por la ONU está la utilización de “conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria”, como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”.

Por ello, los  escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley “son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”.

Incluso, el precepto de “uso legítimo de la fuerza” no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. En su definición, sólo se hace referencia al uso “racional y proporcional”.

En tanto, el colectivo Seguridad sin guerra ha insistido que la Ley de Seguridad Interior normaliza la actuación del Ejército en las labores de seguridad pública, la cual ha significado una estrategia fallida en el combate al narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón y continuó el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.

Luego de la aprobación, los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotilán en el Estado de México; Hoctun, Oxkutzcab y Tepakan en Yucatán, Ahuacatlán y Tepeyahualco presentaron recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, mismos que fueron aceptados por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en febrero pasado.

Por otra parte, parte de la petición de abrogar esta ley es crear una estrategia real del combate a la violencia. Por ello, el colectivo Seguridad sin guerra ya tuvo reuniones con Alfonso Durazo, quien fue propuesto por López Obrador para dirigir la próxima Secretaría de Seguridad Pública, quien expuso que la política en esta materia incluye que los militares regresen a los cuarteles en los próximos tres años y el fortalecimiento de las policías civiles.

Ambos puntos siempre han sido exigencia de las organizaciones ciudadanas, para que exista una “estrategia integral de seguridad y que no se enfoque sólo a los militares, que pase por el mejoramiento de policías civiles, prevención de la violencia, discusión de la despenalización de la mariguana”, advierte Cisneros.

Aunque es una buena señal que el colectivo ya fue escuchado por el equipo del próximo presidente, cosa que nunca ocurrió con el actual mandatario y Calderón, aún no hay precisión sobre cómo se aplicará en lo particular la estrategia de seguridad. “Esperemos que no sólo se quede en dichos sino que vaya más allá; es fundamental para que se diferencie el futuro gobierno, que tanta credibilidad tiene con respecto a los otros”, dice la directora de Cencos.