Los errores cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que obtuvieron las pruebas en contra de Elba Esther Gordillo por medios ilícitos, “abrieron la puerta” para que quedara libre.

“Ni la Procuraduría General de la República, ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran constitucionalmente facultadas para requerir por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y/o documentación relativa a operaciones bancarias (...) que se encuentran protegidas por el secreto bancario (...). Una medida o actuación del Estado que represente un ataque a ese derecho humano en su manifestación específica de secreto bancario, debe sujetarse a control judicial”, se dice la sentencia.

Se declaró nula la información obtenida a partir de los estados de cuenta, información de apertura de cuentas bancarias y los documentos relativos a estos procesos.

“Se conciben como nulas, no son susceptibles de ser analizadas, menos consideradas para efectos de emitir cualquier tipo de resolución”, señala la resolución.

La estrategia utilizada en el caso de Gordillo Morales, podría ser aplicada en los procesos de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Sonora, Guillermo Padrés, así como Odebrecht.

Fuentes federales confirmaron que a partir de la emisión de ese criterio, la PGR ha intentado repetir las pruebas que pudieran ser tachadas de ilícitas antes de que los jueces comiencen a aplicarles el criterio de la Corte.