El reciente proceso electoral que aún no ha culminado, nos ha dejado muchas lecciones que, a pesar de diversas inconsistencias en la normatividad electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE's) han sabido sortear este sinuoso camino de nuestra democracia.

Un ejemplo de ello lo constituye la fiscalización; mecanismo legal creado para que el INE revise la información referente al origen y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos, los precandidatos, los aspirantes y candidatos durante los periodos de precampaña y campaña, tanto de la elección federal como de las locales.

El INE recientemente, en una sesión pública de su Consejo General, analizó los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos, incluidos los independientes. El asunto no es nada sencillo si observamos que se llevaron a cabo más de 17 mil 600 campañas para la obtención de 3 mil 400 cargos; y en donde las actuaciones de la autoridad electoral incluyo no sólo la revisión de dichos informes (más de 57 mil 500), además se llevaron a cabo diversas diligencias, requerimientos de información, compulsas, inspecciones, coordinación con las instituciones bancarias, hacendarias y fiscales.

De los resultados informados por el INE destacan los siguientes:

De las y los candidatos que participaron para lograr el triunfo por la Presidencia de la República, por las ocho gubernaturas en disputa y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ninguno rebasó los topes de gastos de campaña, lo que puede traducirse en el cuidado de los competidores por ajustarse a la legislación electoral.

De las poco más de 2 mil campañas federales y más de 15 mil 600 campañas locales, sólo 56 candidatos, nueve correspondientes al ámbito federal y 47 al ámbito local, rebasaron los topes de gasto establecidos.

De la bolsa global revisada por el INE, que ascendió a más de 10 mil 500 millones de pesos (origen y destino), de esto, poco más de 5 mil 300 millones corresponden a ingresos y casi 5 mil 200 millones a egresos (gastos).

Es de destacar que alrededor del 88% del dinero utilizado para estas elecciones fue del orden público y el 12 restante fue privado.

Los dictámenes establecieron diversas sanciones por 872 millones de pesos lo que determina que el proceso de fiscalización permite detectar irregularidades y, consecuentemente, el establecimiento de multas que fue precisamente el espíritu del modelo de fiscalización establecido en la reforma de 2014. Todos los partidos nacionales fueron sancionados, pero los que alcanzaron mayores cifras serían el PRI, Morena, el PVEM, el PT y el PAN.

Durante todas las campañas, la ciudadanía tuvo acceso tanto a los ingresos como los gastos ejercidos por parte de las y los candidatos.

De lo anterior hay que resaltar, entre otros aspectos que deben ser tomados en cuenta, la obligada coordinación entre el INE y los OPLEs. Se dice fácil, pero implica coordinar esfuerzos entre las facultades del INE con los institutos electorales locales que habían estado acostumbrados, por ley, a otra forma de operación. Todo ello, para generar una dinámica de apoyo, intercambio de información, de comunicación permanente y de conjunción de sinergias para que, en un tiempo óptimo, se haya dado los resultados mostrados por el INE.

Sin duda aún falta mucho por hacer, y no estaría mal que, entre otros rubros, los próximos legisladores puedan entrarle al tema de revisar las supuestas precampañas disfrazadas de campañas; la unificación de los periodos de las mismas, del arranque y periodos de las campañas, así como de ir reduciendo el periodo de éstas y, por ende, el respectivo financiamiento. Esto independientemente de la visión de quienes se harán cargo del poder público próximamente.

Por lo pronto, el INE muestra hoy ser una institución confiable que debemos fortalecer con miras a los ya cercanos procesos electorales 2018-2019.

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