No hay duda. La mayoría de los mexicanos se siente agraviada por los elevados sueldos y prestaciones que reciben algunos funcionarios públicos. En ese sentido, el anuncio de voceros del próximo Gobierno sobre reducirlos en los niveles superiores de los diversos poderes y niveles de gobierno ha sido recibido, seguramente, de manera positiva por esa mayoría de ciudadanos. 

Es necesario, sin embargo, profundizar, buscar las raíces de esta molestia ciudadana. De lo contrario, las medidas anunciadas no necesariamente eliminarán esos sentimientos negativos.

A mi juicio, son varias las causas de este malestar. Una de ellas tiene que ver con la forma en que en el ámbito público se deciden las prestaciones y los sueldos de los funcionarios.

Una práctica común es lo que podemos identificar como el “autobeneficio”. Observamos cómo, con frecuencia, a la entrada de un nuevo cabildo sus integrantes, usualmente por unanimidad, deciden otorgarse un aumento de 20, 30 o más por ciento, mientras los salarios mínimos y los ingresos de la mayoría de la población crecen a tasas de un dígito, y más bien cercano al 5 por ciento.

Esta conducta de “autobeneficio” la hemos visto también en las Cámaras del Congreso de la Unión y en Congresos locales, cuando a fines de año o al término de su encargo, los legisladores se “auto-otorgan” enormes bonos. Estos hechos aumentan el descontento social y con ello abonan a la pérdida de credibilidad de dichas instituciones. Esta práctica agravia a la gran mayoría de los mexicanos y debilita nuestras instituciones.

Otra causa tiene que ver con la falta de correspondencia de los ingresos y prestaciones de parte de la burocracia con los que recibe el ciudadano común. Así, vemos que en municipios de diversos tamaños con frecuencia los salarios que reciben los integrantes de su cabildo o, en muchos estados, los diputados o servidores de nivel medio y alto del gobierno local, están muy por encima de los que perciben profesionistas que laboran en el sector privado, usualmente con mayor escolaridad y experiencia. 

Una razón más de la molestia ciudadana tiene que ver con la laxitud o discrecionalidad que existe para nombrar funcionarios, lo que se refleja en un fenómeno de nepotismo, amiguismo y el arribo de personas no idóneas a cargos públicos. Esta situación, en el caso de los nombramientos de los Poderes Judiciales locales, es la principal causa de falta de autonomía de este poder con consecuencias negativas en la vigencia del Estado de derecho, minando así el combate a la corrupción.

Estas son algunas razones que en gran medida explican el descontento ciudadano con la burocracia pública, y no obstante que la gran mayoría de quienes la integran son ciudadanos que ponen su mejor esfuerzo para cumplir con honestidad y eficiencia su responsabilidad, el juicio ciudadano negativo no hace distingos. Por eso la medida anunciada de reducir los salarios y de  eliminar prestaciones y “privilegios” genera una muy amplia aceptación.

No obstante, la popularidad de estos anuncios no asegura que con ellos se logrará resolver el problema que ahora padecemos. ¿Se logrará que ningún cabildo o congreso se autorecete un incremento salarial desproporcionado?, ¿se conseguirá que las remuneraciones de alcaldes, regidores y funcionarios de los diversos niveles de gobierno guarden correspondencia con las que se pagan en el sector privado por trabajos de similar complejidad y responsabilidad? No es seguro.

Sin duda, la atención a esta situación negativa requiere establecer una nueva regulación que evite el tipo de problema mencionado. Sin embargo, la naturaleza del ajuste requerido es tal que este cambio no puede ser realizado mediante un decreto presidencial, ni siquiera el mismo decreto de presupuesto que llegue a aprobar la Cámara de Diputados podría establecer nuevas reglas con validez nacional y que obligue a todos los poderes.

En mi opinión es necesaria una reforma constitucional de gran calado. La reforma se necesita porque sólo así se podrán establecer reglas sólidas para determinar los máximos de salarios y prestaciones, aplicables a los poderes de los tres niveles de gobierno y a los organismos autónomos constitucionales.

Esta reforma deberá, entre otros aspectos, establecer bases para determinar la remuneración máxima que corresponda en el servicio público para cada empleo, cargo, comisión o prestación de servicios personales de cualquier naturaleza.

La remuneración máxima se refiere a las cantidades en dinero y prestaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las que se reciban en especie, por el desempeño en el servicio público. Para determinar estos máximos se tienen que tomar en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos:

1. El nivel de responsabilidades que conlleva el ejercicio de la función, empleo, cargo, comisión o prestación de servicios personales.

2. Las condiciones socio-económicas en que se han de pagar las remuneraciones, según se trate, del País, de la entidad o del municipio; esto es, que las remuneraciones máximas de dichos servicios personales deberán mantener correspondencia con los ingresos medios de la zona donde se presten dichos servicios.

3. Bajo ninguna circunstancia, ningún funcionario o cuerpo colegiado podrá fijar sus propias remuneraciones. En otras palabras, hay que prohibir el “autobeneficio”.

4. Otros principios a aplicar deben ser los de objetividad y racionalidad, principios que refuerzan lo señalado en los dos puntos anteriores.

Respecto de los montos máximos, considero que el que se asigne al Presidente de la República no debe servir para fijar los topes de todos los demás integrantes de los poderes de los tres niveles de gobierno, sino que deben establecerse máximos para los diversos tipos de servidores públicos a los que se aplicarían, ello en función a los requisitos del cargo y la forma de acceso al mismo.

Así, por ejemplo, un primer grupo al que sí aplicaría el máximo otorgado al jefe del Ejecutivo Federal, estaría conformado por quienes llegan al cargo por la vía electoral, como sería el caso de los alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales, legisladores federales, gobernadores y presidente.

Para acceder a estos cargos la ley no establece requisitos de experiencia, ni de conocimientos o habilidades; los requisitos para ser elegible son muy ligeros como: edad, origen, no antecedentes penales, entre otros, y por supuesto, ser postulado por algún partido o contender como independiente y, finalmente, ganar la elección.

En este caso, el máximo estaría dado por el monto asignado al presidente. Para determinar este máximo, un criterio a privilegiar debería ser buscar un monto que desmotive el interés económico en la búsqueda de este tipo de cargos o carrera, y al contrario alentar que la motivación sea servir al interés general.

Habría otro máximo, para un segundo grupo de funcionarios cuya designación y/o ratificación requiere la concurrencia de los ejecutivos y los congresos, sean locales o federal. A los aspirantes a algún cargo de este tipo, la ley les impone requisitos más fuertes de experiencia y preparación. En este grupo estarían los magistrados de los Tribunales Superiores de cada estado y los ministros de la Corte.

Este grupo debe incluir también a los integrantes de los organismos constitucionales autónomos. En este caso la remuneración máxima puede ser diferente a la del presidente. Este límite se podría fijar a partir de un análisis del trato que tienen este tipo de funcionarios en otros países con órganos de justicia y/o de regulación mejor evaluados del mundo.

El tercer grupo sería el integrado por el resto de los funcionarios, ya sean sindicalizados, de servicio público de carrera o de confianza. Los salarios y prestaciones de los primeros son producto de negociaciones con sus respectivos sindicatos. En el caso del servicio de carrera, sus remuneraciones estarían normadas por la ley respectiva. En caso de los de confianza aplicaría el límite establecido para el presidente. En estos tres casos se deberán respetar, además, los criterios mencionados arriba.

Indudablemente, la molestia ciudadana por las percepciones y prestaciones de la burocracia es real, pero su origen surge de varias conductas, esto es, “autobeneficio”, desproporción en relación a la situación del ingreso de los gobernados, entre otras. Atender esta preocupación ciudadana no se resuelve con un decreto presidencial.

La solución requiere una reforma desde la Constitución, que siente bases para regular las percepciones en los distintos niveles de gobierno y poderes, de suerte tal que se combatan las raíces de la indignación social en este tema.

Esta reforma también debe resolver cómo realizar los diversos estudios requeridos para fijar los máximos, así como prever el tiempo para que estas normas constitucionales sean desarrolladas en sus respectivas leyes, tanto por el Congreso federal como por los locales de cada estado.

Las reformas legales también deben prever una solución legal en caso de que algunos cargos estén recibiendo percepciones superiores a los nuevos máximos resultantes, ya sea permitiendo, por única vez, su reducción o congelándolos mientras el máximo que se fije cada año alcance ese nivel.

Sí, hay que atender la indignación ciudadana ante los abusos que hemos visto en diversas áreas de la burocracia, pero para ello no basta con rebajar las percepciones del Presidente de la República a la mitad del monto actual. Generalizar dicho máximo sin considerar el respeto a la división de poderes, el servicio de carrera, los contratos existentes o las exigencias del servicio de un determinado cargo, crearía más problemas que los que se pretende resolver. Lo popular no siempre es la mejor solución.

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