No cuestionaré la factibilidad de llevar a cabo la descentralización que pretende el candidato triunfador de las elecciones presidenciales pasadas, AMLO. Sí señalaré los retos que tal tarea enfrentará. Ello en base a mi experiencia de haber encabezado el traslado de cerca de tres mil familias del INEGI a la ciudad de Aguascalientes a partir de 1985 y hasta 1988, una ocasión exitosa de reubicar una institución pública de ese tamaño.

El primer reto es definir la entidad federativa y área urbana con las condiciones adecuadas para recibir a las dependencias que se reubicarán, y negociar y convencer a las autoridades del Estado y municipio seleccionadas. En el caso del INEGI, resolver este reto implicó un proceso de mucho análisis: Primero se eliminaron las ciudades como Toluca y Cuernavaca por su cercanía al DF, se buscaba una descentralización real. Se eliminaron también las costas y fronteras por las dificultades que implicarían a la operación del Instituto. Con base en lo anterior se analizaron varias ciudades del segundo círculo alrededor del DF, como Morelia, San Luis Potosí y Aguascalientes. Finalmente se optó por Aguascalientes, tanto por su potencial para acomodar a la nueva población, como por la actitud positiva del gobierno local a colaborar con el INEGI en el proceso de traslado; se negoció con dicho gobierno un convenio mutuamente beneficioso para llevar a cabo el proceso de reubicación.

Un reto crítico es negociar y convencer a los técnicos y profesionales de la dependencia a cambiar su lugar de residencia. En aquel entonces, al cambio de sede ayudó el temor a vivir en el DF, producto de la traumática experiencia que representó el terrible sismo de 1985. Ahora dudo que los trabajadores, técnicos y profesionales de las Secretarías involucradas en la reubicación anunciada tengan deseos de mudarse. No hay a la vista una razón válida, a los intereses de los afectados, que pudiera animar a dichos funcionarios federales a irse a trabajar y vivir a alguna nueva ciudad.

En 1985 ayudó también la integración de un paquete atractivo de ayuda que incluyó una serie de prestaciones adicionales a las que la dependencia estaba obligada a otorgar al trabajador cuando se le pide prestar sus servicios en otra ciudad, conforme al contrato colectivo de trabajo. Una de esas prestaciones fue el acceso a financiamiento para comprar una vivienda. Integrar un paquete financiero para este propósito requirió de imaginación y esfuerzo colectivo para sumar los recursos que hicieran posible otorgar tal cantidad de créditos. El FOVISSTE, quien por ley estaba obligado, no contaba con capacidad para otorgarlos, y le representaba un problema político cubrirle a un solo sindicato prácticamente el cien por ciento de sus necesidades en una misma ciudad. Participaron diversas dependencias que financiaban vivienda como FOVI y FONAHAPO, mezclándose recursos y promediando el costo del crédito de cada fuente. Además fue necesario gestionar la disponibilidad de tierra con servicios y la concurrencia de los promotores que construyeran las viviendas necesarias, todas con financiamiento garantizado para cada trabajador; fue necesario también dar tiempo a que se construyeran las viviendas; en total el proceso requirió cerca de tres años.

Otro reto importante es planear el proceso. En el caso del INEGI esta actividad llevó prácticamente un año. Fue necesario diseñar una estrategia de diálogo con diversas organizaciones de la sociedad, cámaras, organizaciones gremiales, clubes de todo tipo, en múltiples reuniones -de cinco a siete por semana-, para explicar lo que era la institución que recibirían y cómo se estaba planeando el proceso de traslado para no afectar la calidad de vida de sus habitantes. Hay que considerar que ninguna ciudad del país estaba entonces, ni está ahora, preparada para recibir de golpe, en un corto plazo, tal influjo de nuevos habitantes. Por ello fue necesario que mediante el convenio único de desarrollo que se tenía entre el gobierno federal y el Estado de Aguascalientes, se programaran los recursos necesarios para construir los espacios educativos que demandaría la nueva población, desde Jardín de Niños hasta secundaria y bachillerato, así como ampliar el abasto de agua y los demás servicios que se verían  presionados por la llegada del personal del INEGI. Fueron tres años de importantes inversiones adicionales, concertadas entre ambos niveles de gobierno.

El siguiente reto fue desarrollar los espacios requeridos para alojar al INEGI en la nueva sede. El gobierno del Estado donó una superficie de alrededor de ocho hectáreas en los terrenos del viejo aeropuerto de Aguascalientes. Construir la nueve sede tomó casi dos años, en una primera fase; así que de manera temporal se usaron un edificio que facilitó en comodato el gobierno del Estado y otras instalaciones temporales.

Hay otros retos que deben ser superados para hacer viable la reubicación de una institución de la complejidad de una Secretaría de Estado o de una dependencia pública como el INEGI; por ejemplo la necesidad de empleo para la pareja del reubicado, pues con mucha frecuencia ésta trabaja en una empresa o dependencia diferente, o también la validación de estudios de los hijos de los reubicados en universidades de la nueva sede, que están a mitad de una carrera universitaria en la Ciudad de México.

Como puede apreciarse por este breve relato, la reubicación de una dependencia pública del tamaño del INEGI, tres mil trabajadores y sus familias, es un proceso en extremo complejo. Implica negociaciones múltiples con los trabajadores a reubicar y, en su caso, con su organización sindical; con el gobierno del Estado y municipios receptores; con la comunidad local para facilitar la integración de los reubicados a su nuevo entorno; con las universidades locales para la recepción de nuevos alumnos de diversos orígenes escolares; con las empresas de la zona para generar alternativas a las parejas de los reubicados que lo requieran, entre las principales.

Todo lo anterior exige planear el proceso de reubicación con cuidado, también demanda recursos importantes y tiempo. Si no se dan estos elementos, la reubicación de las dependencias anunciadas, casi todas ellas del mismo tamaño o mayores que el INEGI de aquellos años, creará más problemas de los que pueda resolver. Sería un proceso destinado, con muy alta probabilidad, al fracaso.

Finalmente, cabe cuestionar el motivo de la decisión que se anuncia. Mi conclusión luego de la experiencia de llevar el INEGI a Aguascalientes es que la reubicación de dependencias y Secretarías fuera de la Ciudad de México sí puede tener un impacto positivo en las ciudades receptoras, más no es la vía para revertir el centralismo de la Ciudad de México. Las reubicaciones son procesos largos y costosos. En el caso del INEGI se justificó porque la institución había perdido, con el sismo ya mencionado, más del 80% de sus espacios de oficina.

La vía para mejorar la distribución de la población en el territorio nacional implica crear más infraestructura y condiciones de mercado que potencien la capacidad de generar actividad económica de las zonas del país que se busca alentar. La apertura de México al comercio internacional a raíz de la entrada al GATT y del TLC impulsó de manera notoria ese proceso. Las cifras de población lo muestran. De 1990 a 2015 la población de la Ciudad de México y del Estado de México pasó de 22 a 21% del total de país; vista aislada la Ciudad de México, su población perdió en ese lapso más de 2.5 puntos porcentuales en relación a la población del país, dado que dicha población no ha crecido en casi tres décadas; por otra parte, las regiones Noreste, Noroeste y Bajío aumentaron su participación, en el total, en dos puntos porcentuales. En términos absolutos, mientras la población de Ciudad de México y del Estado de México se incrementó en 25 años en poco más de 7 millones de personas, en las regiones Noreste, Noroeste y Bajío el incremento fue de poco más del doble.

Ojalá que los funcionarios del nuevo gobierno nos hagan ver con claridad los objetivos que se busca alcanzar con la decisión anunciada y que planeen cuidadosamente el proceso de instrumentarla. Se trata de la vida de miles de familias, quizás millones si consideramos a las que viven en las ciudades receptoras, se trata de la funcionalidad del gobierno de la república, se trata de miles de millones de pesos que se habrían de gastar y que en mi opinión serían de mayor beneficio social si se invirtieran en infraestructura de todo tipo en el Sureste del país y en el Norte.

Como expresó el tío Ben -en la película del Hombre Araña-, a su sobrino y pupilo: Un gran poder conlleva una enorme responsabilidad.

Al nuevo gobierno se lo ha dado el pueblo de México, ahora,  asúmanla.

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