El Gobierno de Coahuila se comprometió solo con la tercera parte de lo acordado para proteger a las víctimas indirectas del feminicidio, pues de los 200 pesos diarios que los familiares solicitaron para la alimentación de los huérfanos, únicamente les entregarán 66 pesos para las 3 comidas del día. 

Al salir de la firma del Programa de Protección Integral de Niños, Niñas, víctimas de la violencia feminicida del municipio de Torreón, Sandra Soto Azúa, hermana de Serymar —asesinada por su novio el 28 de enero del año pasado en Torreón—, informó que este apoyo únicamente será destinado para 18 niños que radican en ese municipio y de los que se cuenta con una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Las aportaciones serán: otorgar 4 mil pesos bimestrales para cada niño en estado de orfandad, la tarjeta rosa, el Seguro Popular, una despensa y la promesa de que seguirían arreglando la situación legal de los niños. El apoyo será coordinado por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). 

Sin embargo, a mediados de mayo pasado, tras un primer acercamiento que tuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme con los familiares de las víctimas de feminicidio, éstos le entregaron un pliego petitorio para que se analizaran las propuestas y apoyar completamente a las víctimas indirectas. 

Entre los puntos que especificaron fueron: acceso sin costo a huérfanos de feminicidio al Hospital del Niño en el que tengan acceso a consultas generales hasta coberturas mayores, acceso a educación particular que sea solventada por el Gobierno local, pago de útiles escolares, uniformes y que se les otorgue una partida presupuestal de 200 pesos diarios para su alimentación diaria. 

“No es lo que les especificamos para solventar la problemática que tenemos. Este apoyo va a ser para lo que resta de 2018, con la promesa de que en 2019 se van a establecer políticas públicas, se va a asignar presupuesto y por eso ellos ya hicieron el mejor de sus esfuerzos porque como no estaba presupuestado, fue una situación emergente”, expuso.

Por lo anterior, las familias familias de las víctimas de feminicidios se negaron a firmar el primer acuerdo emergente de protección a los hijos de víctimas al cual había convocado el Gobierno de Coahuila, por considerarlo una burla.

La firma fue realizada en el edificio Coahuila de Torreón, donde no tuvieron acceso los medios de comunicación.