Desde la campaña electoral, el tema de la inmigración que ha sido visto como algo peligroso, incontrolable y absolutamente catastrófico para el pueblo estadounidense ha jugado un papel central en la estrategia política de Donald Trump.

 

En el inicio de su mandato, la política estadunidense de la “tolerancia cero” se ha traducido en realidad: siete días después de su juramento como el 45º presidente de los Estados Unidos de América, Trump ha adoptado las primeras medidas que establecen restricciones específicas en el acceso al territorio estadounidense a los ciudadanos de varios estados a mayoría musulmana.

 

Estas medidas (conocidas como travel ban) han sido suspendidas por los tribunales americanos por su supuesta inconstitucionalidad (aunque muy recientemente la Corte Suprema, con una decisión muy controvertida, ha confirmado la constitucionalidad de tal medidas).

 

La “tolerancia cero” de Trump se dirige no sólo contra los inmigrantes musulmanes. De hecho, uno de los puntos centrales de su campaña electoral fue la protección de los Estados Unidos contra lo que según el presidente estadounidense es el estado más peligroso del mundo: México.

 

A pesar de que México enfrenta un serio problema de seguridad interna, principalmente debido a la presencia de grupos del crimen organizado que controlan diferentes partes del territorio por el narcotráfico, lo cierto es que está lejos de ser considerado el país más peligroso del mundo.

 

Pero, además, existen intensas relaciones comerciales entre Estados Unidos y México y más de 35 millones de mexicanos residen –legalmente– en los Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de la población.

 

Es cierto que, cada año, millones de personas intentan pasar la frontera entre Estados Unidos y México. No se trata de los “violadores” y “asesinos” a los que Trump hizo referencia durante su campaña electoral. Son más bien millones de personas que huyen de la violencia y los conflictos que afectan a la mayoría de los países latinoamericanos (Honduras, El Salvador, Venezuela, México, por ejemplo).

La propuesta de campaña del hoy presidente estadounidense para resolver el problema de la inmigración, y así proteger su territorio, era construir un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos; muro que, según Trump, debería ser pagado por los mexicanos.

 

A pesar de las presiones hechas al Congreso para que se incluyera en la ley presupuestaria una partida específicamente dedicada a la construcción del muro, la idea de Trump de construir el muro no ha tenido éxito hasta el momento. Sin embargo, no se ha dado por vencido, y se ha asegurado que mientras tanto se construyeran otros muros. 

 

En abril, el presidente norteamericano ha declarado su intención de enviar entre 2000 y 4000 unidades de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en la frontera para garantizar la seguridad de los Estados Unidos contra el Estado más peligroso del mundo. Tropas que deberán permanecer hasta que la construcción del muro avance. Es un muro humano entonces.

 

Otro muro, invisible, pero imposible de superar, es el que permite a las autoridades separar a los inmigrantes adultos de sus hijos menores que intentan entrar sin documentos a los Estados Unidos. Es un muro que divide a las familias.

 

Los menores están encerrados en centros de recepción (jaulas diría yo), encargados a una institución y privados de sus derechos humanos más fundamentales. Sus padres son repatriados a su país de origen y privados de cualquier posibilidad de reunirse con sus hijos. La “tolerancia cero” les impide el regreso al territorio estadounidense para buscarlos.

 

Al final, la política de “tolerancia cero” significa confundir lo que en realidad es una crisis humanitaria con un peligro para la seguridad pública y así justificar la deshumanización. ¿Dónde está el derecho fundamental a la familia? ¿Qué pasó con el interés superior de los menores? Y con el ¿derecho al debido proceso?

 

Los efectos de las políticas de migración del presidente Trump han sacudido a toda la comunidad internacional. El 20 de junio el presidente ha firmado la Orden Ejecutiva núm. 13841, que pone el fin, por el momento, a la separación de las familias de migrantes irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso, pero el fin de la tragedia humanitaria y la desesperación de millones de personas todavía parece muy lejano.

 

Quizás tenía razón Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.