Este día, los normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos, asesinados y el que se encuentra en estado de coma se habrían graduado como maestros rurales. Organizaciones civiles que apoyan a las familias de los jóvenes no han dejado pasar la fecha.

Los 3 estudiantes asesinados, los 43 desaparecidos y Aldo Gutiérrez –quien lleva mas de 40 meses hospitalizado– formarían parte de los egresados de la generación 2014-2018 de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, pero el crimen se interpuso y la impunidad también.

Dos son los casos que marcaron el rumbo de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, y que lo fueron llevando a un declive del que nunca se pudo recuperar: La “casa blanca” y la desaparición de los 43. El índice de aprobación de ex Gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto, se vio disminuida tras estos lamentables hechos que mancharon de corrupción y violencia su administración, y que los ciudadanos castigaron a su partido con el voto en las pasadas elecciones.

El pasado 24 de junio, Francisco Goldman escribió para el diario The New York Times que el caso de Ayotzinapa es una de las tragedias más relevantes para el país, pues conmovió a los mexicanos como “ninguna otra” debido a que muchos de los desaparecidos eran aún adolescentes y querían convertirse en maestros rurales, en lugar de unirse a los cárteles del narcotráfico o emigrar a Estados Unidos, como muchos de los jóvenes de la entidad se ven orillados a realizar.

Los 43 se convirtieron en símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido por la “guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico”, la cual, consideró, se ha acrecentado por la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del Gobierno.

Destacó que la resolución de un tribunal federal del 4 de junio en contra de la Procuraduría General de la República puede marcar una nueva era de independencia del sistema judicial mexicano. Luego que los magistrados concluyeron que la investigación gubernamental sobre el ataque a los estudiantes tuvo fallas y fue irregular”.

En los medios mexicanos  afines al Gobierno, consideró Goldman, “se orquestó una campaña de difamación en contra del grupo de expertos y el Gobierno se negó a renovar el mandato del grupo”. Incluso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – un pánel de cinco expertos en asuntos legales y derechos humanos de América Latina que el gobierno de Peña , bajo presión internacional, invitó para ayudar a investigar lo sucedido con los estudiantes– tuvo que salir del país.

“El Gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos”, acusó Goldman.

“Nunca olvidaré el año de rabia y pena posterior a las desapariciones de los estudiantes, las marchas que llenaban las calles de Ciudad de México con hasta medio millón de manifestantes. El repudio del pueblo mexicano a este gobierno echó raíces entonces y ahora se expresa en el deseo de tener un gobierno que rompa de manera tajante con el statu quo corrupto”, escribió Francisco Goldman para The New York Times.

Finalmente, Goldman reconoció que dadas las presiones internas y externas sobre México para que resuelva el caso de los estudiantes desaparecidos, “parece poco probable que la resolución de la Suprema Corte favorezca al gobierno de Peña Nieto, cada vez más aislado, débil y a unos meses de dejar el poder”.

“México necesita justicia para los 43 estudiantes. Gracias a los tres valientes magistrados, ahora hay una posibilidad genuina de lograrlo. La disposición del próximo mandatario a implementar esta resolución histórica será una primera prueba de la seriedad del nuevo gobierno para promover un sistema judicial que le sirva al pueblo en lugar de a los criminales”, sentenció el escritor.

“¿A quién reclamarle justicia, si la misma ley que mata es la que levanta los muertos?, ¿dónde poner la denuncia si toda autoridad está untada de sangre? La misma ley que toma medidas y hace los exámenes para decir quién es el asesino, es la misma ley que cometió el crimen”, criticó uno de los estudiantes en el homenaje que se les rindió en la escuela a las víctimas en la escuela de formación de profesores ubicada en el municipio de Tixtla.

Grupos civiles como Tlachinollan, Serapaz, Fundar y el Centro Prodh se sumaron al reclamo de justicia: “Hoy se debieron haber graduado 43 jóvenes maestros pero fueron desaparecidos”, destacaron en un mensaje colocado en sus redes sociales.

Los mismos padres de las víctimas temen que ante el próximo cambio de Gobierno federal se dé carpetazo crimen. “Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió don Emiliano Navarrete, papá del normalista José Ángel Navarrete, durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo pasado.

Aunque los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador ya informaron que tienen luz verde para conformar “comisiones de la verdad” –integradas por sociedad civil, expertos internacionales y sacerdotes– “para determinados hechos que han acontecido en nuestro país y que han sido verdaderas tragedias humanas”, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Hoy la investigación está de nueva cuenta en el ojo de la prensa internacional luego de que una sentencia judicial que ordenó crear la Comisión del caso Igual sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa ante las irregularidades presentada en la llamada “verdad histórica”.

El pasado 4 de junio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, ordenó crear una Comisión de la Verdad para generar una nueva investigación del caso Ayotzinapa al considerar que la hecha por la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

Según la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados por policías corruptos de Iguala, sureño estado de Guerrero, que los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.

Los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en este vertedero.