Sancionan a primeros funcionarios por La Estafa Maestra; dos están vinculados a candidato del PRI
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Sancionan a primeros funcionarios por La Estafa Maestra; dos están vinculados a candidato del PRI
Por Manu Ureste, Francisco Sandoval y Nayeli Roldán para Animal Político
Héctor Valles Alvelais, colaborador cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien ahora es candidato a senador por el PRI, es uno de los cuatro funcionarios sancionados por cinco convenios de La Estafa Maestra.
A partir de esos convenios fraudulentos, 129 millones de pesos del Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) fueron desviados a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a empresas irregulares y sociedades fantasma.
Otro excolaborador sancionado y que es cercano a Reyes Baeza es Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo. Fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información en el gobierno de Reyes Baeza en Chihuahua, cargo que repitió en FOVISSSTE en 2013, de nuevo con el actual candidato del PRI.
La compañía más beneficiada gracias esos cinco convenios presuntamente fraudulentos fue Nubaj y Nubaj Consulting (Nubaj), del empresario Francisco Javier Ramírez Lares, quien es amigo tanto de Reyes Baeza, el entonces titular de la dependencia de donde salieron los 63 millones que beneficiaron a su empresa, como de Héctor Valles, el funcionario sancionado que debía vigilar el cumplimiento de esos contratos millonarios.
Por esos cinco convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe forense e interpuso el 15 de mayo de 2017 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a Nubaj como ‘empresa fantasma’, aunque la compañía rechaza que lo sea.
Sin embargo, nada de esto frenó los contratos con los que el FOVISSSTE y también ISSSTE, en ambos casos bajo la dirección de José Reyes Baeza, continuó beneficiando a las compañías de su amigo el empresario Francisco Javier Ramírez Lares: mil millones de pesos en tan solo cuatro años, de 2013 a 2017. Contratos además, que en algunos casos, se obtuvieron gracias a que compañías ligadas a Ramírez Lares incurrieron, presuntamente, en una simulación de competencia.
Golf y negocios
Es un lunes a media mañana en el Club Bellavista; un exclusivo resort ubicado en el Estado de México, que cuenta con hotel, gimnasio, albercas olímpicas, canchas de tenis, y la joya de la corona: un majestuoso campo de golf de 18 hoyos y 7 mil yardas de extensión.
El pasto está fresco y recién rasurado. Ideal para pasar unas horas rodeado de lagunas naturales y compañeros de negocios. Bajo las palmeras, aprovechando la generosa sombra que apacigua el calor, los empresarios invitados al torneo conviven tomándose fotografías.
En una de las imágenes, un grupo de esos empresarios que visten polos y pantalones de colores estridentes se abraza. Una fotografía más, aparentemente. Salvo por un detalle: en el retrato aparece un funcionario que acaba de ser sancionado por un desvío de 129 millones de pesos a empresas fantasma. Y junto a él, sonriente, el dueño de una de las compañías beneficiadas gracias a ese desvío millonario.
El funcionario es Héctor Valles Alvelais y la fotografía se tomó el 14 de mayo pasado, apenas un mes después de que entrara en vigor el 10 de abril la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública debido a que no supervisó los convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, a partir de los cuales la empresa de su compañero de golf ganó millones del erario público.
De acuerdo con información corroborada por Animal Político, los otros funcionarios sancionados son: Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la información. Todos, salvo Roa Diosdado que recibió una sanción por 10 años y una multa de 346 mil pesos, fueron inhabilitados por un año.
Un quinto funcionario investigado por los cinco convenios fraudulentos fue Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se archivó debido a que falleció durante el periodo de investigación.
El sello de La Estafa Maestra
Las sanciones contra los cuatro funcionarios derivan de una investigación forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2014, y que puedes leer aquí.
El FOVISSSTE y la UAEM firmaron entre enero y agosto de 2014 cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos. La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.
Pero según la ASF, la UAEM no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas y a personas físicas, y se quedó con 19 millones solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.
La empresa más beneficiada con este esquema de fraude fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del empresario chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares, que ganó 63 millones 330 mil pesos del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública, y gracias a que la UAEM violó la ley de adquisiciones para entregarle ese dinero.
La ASF denunció que esta empresa recibió esa suma millonaria de la UAEM a pesar de múltiples irregularidades. Por ejemplo, los contratos no establecían los conceptos de los servicios, el objeto, los plazos de ejecución, ni la supervisión de los mismos. Asimismo, la UAEM no presentó documentos de la recepción de los supuestos servicios.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Nubaj en su ‘lista negra’ de empresas fantasma, debido a que determinó que no tenía infraestructura, ni personal, ni activos reales. Por lo que en febrero de este 2018 la reportó como sociedad que simula operaciones comerciales.
No obstante, el dueño de Nubaj rechazó que sean una empresa ‘fantasma’, ya que, dijo, tienen una nómina de 400 empleados y una cartera de más de 50 clientes en cuatro países.
Se le cuestionó entonces por qué el SAT ‘boletinó’ a Nubaj, a lo que el abogado de la empresa contestó que se debió a que no presentaron toda la documentación requerida. “De alguna manera, se tomó a la ligera (el requerimiento del SAT) y por eso siguió el proceso”.
De acuerdo con el abogado, tras presentar de nuevo la documentación solicitada, el SAT revocó el 26 de abril la condición de ‘empresa fantasma’ a Nubaj. Pero hasta el último corte del 18 de junio, esta compañía aún aparecía en el listado de sociedades fantasma.
La zapatería que asesora en tecnologías de la información... Lee la nota completa en Animal Político