Por Martha Hernández Fuentes para Animal Político

Los indígenas Wixárikas resolvieron cerrar totalmente el acceso carretero a 35 comunidades y 35 escuelas de la zona norte de Jalisco, en protesta por la falta de respuesta a sus demandas en el conflicto de tierras con ganaderos de Nayarit.

Desde el pasado lunes 29 de abril, los indígenas acordaron como primera medida el veto a candidatos, representantes de partidos y autoridades electorales. También decomisaron propaganda proselitista y establecieron el 9 de mayo como fecha límite para que las autoridades estatales y federales atendieran el conflicto, pero ante la falta de acciones decidieron desde la noche de este miércoles cerrar el acceso carretero a las comunidades y escuelas de la zona.

Los Wixárikas exigen a los gobiernos estatal y federal que intervengan para que puedan recuperar las tierras que ganaderos nayaritas se niegan a regresar, pese a que existen resoluciones favorables para ellos, explicaron.

Este miércoles, tras cumplirse el plazo propuesto por la asamblea indígena, los Wixárikas acordaron “no dejar pasar a nadie que ande transitando en la carretera. También las escuelas amanecerán cerradas”, informó el presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Santos Hernández Bautista.

Los retenes instalados son:

1.- Paso Mesa del tirador (límites de Jalisco y Nayarit)

2.- Crucero Banderitas o La Cañada (Tepic-Aguascalientes)

3.- Crucero de Pachecho (Huejuquilla-Amatitán)

4.- Cerro de la Puerta (Huejuquilla y Amatitán)

Sin respuesta a demandas

Emilio Carrillo de la Cruz, comisionado especial de la comunidad indígena, señaló que hasta el momento ninguna autoridad local o federal ha atendido sus demandas, por lo que decidieron pasar a otro tipo de acciones.

“El viernes (4 de mayo), nos llamó el secretario general del gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, para decirnos que era un mensaje de paz, que respeta nuestra lucha, eso fue lo único”, indicó.

Otra respuesta que obtuvieron fue a través de una carta enviada desde el gobierno federal ofreciendo una reunión este 9 de mayo en Ciudad de México, lo que fue tomado como una ofensa.

“Ya se cansó la comunidad de llevar documentos a la Ciudad de México, a Guadalajara, a la Cámara de Diputados, a tribunales federales y locales”, señaló por su parte Santos Hernández.

Elecciones en riesgo

Los Wixárikas advirtieron que en caso de no tener respuesta a sus demandas el próximo 1 de julio pasaran a otro tipo de acciones, como el no permitir la instalación de 13 casillas electorales donde votan 7 mil 593 indígenas de esta región.

“Siempre nos dan esperanzas, siempre nos dicen que sí se va a resolver el conflicto pero nunca llegan a algo concreto. Además, siempre hay amenazas, dicen que levantamos a la gente, que no optamos por otras vías y cosas de esas. Entonces nosotros no queremos que se siga manteniendo esa postura. Mejor que se resuelva el conflicto aquí  en el lugar de los hechos y con eso estaríamos bien enterados todos”, indicó el comisionado Emilio Carrillo de la Cruz.

El abogado de la comunidad indígena, Carlos González García, explicó a Animal Político que la disputa por territorio en la zona data desde tiempos de la colonia. En 1718 se expidió un título virreinal a favor de la comunidad.

Siglos después, el 15 de julio de 1953 se volvió a reconocer la propiedad por resolución presidencial. Sin embargo, en el transcurso de los años siguientes se emitieron títulos de Castro municipal a ganaderos de Nayarit, lo que derivó en el conflicto actual con indígenas de Jalisco.

Las disputas en tribunales suman 45 juicios restitutorios. Hay 15 sentencias favorables para los wixárikas, se han ejecutado 2, faltan 13 y los restantes están en trámite. El Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara emitió las sentencias y las turnó al Tribunal Unitario 56  de Tepic para su ejecución.

Los ganaderos se han opuesto a la ejecución de las sentencias, lo cual ha derivado en violencia. El pasado 12 de abril retuvieron a personal del Tribunal Agrario, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como al abogado de los Wixárikas.

“Nos pusieron sogas, intentaron ahorcarnos, nos reventaron las llantas de la camioneta con navajas. Eso fue en Huajimic. Lo más grave es que en el lugar se encontraba la fuerza pública, estaban policías del estado de Nayarit, personal del ejército y no hicieron nada. Finalmente se levantó un acta donde se señaló las exigencias de Huajimic en el sentido de que se ejecuten las sentencias siempre y cuando sean indemnizados, y ya después de que firmé el acta nos dieron el pase”, dijo el abogado Carlos González.

“El problema grave es la omisión del Estado mexicano para ejecutar las sentencias. El Estado mexicano es el que está cometiendo una vulneración grave al derecho, en contra del pueblo wirrárika, se ha infringido de manera grave al no ejecutar las sentencias como obliga la Constitución, no es algo que esté supeditado al capricho, es una obligación”, dijo González.

Por el conflicto de tierras en los límites de Jalisco y Nayarit, la CNDH y su derivada en Jalisco (CEDHJ), emitieron el pasado lunes 7 de abril un pronunciamiento conjunto, donde advirtieron que la comunidad wixárika es un pueblo milenario que ha mantenido su identidad social y cultural a pesar de las históricas agresiones e intromisiones en su vida comunitaria.

Ambas comisiones lanzaron un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales “a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos que permitan resolver este conflicto de forma integral”.