“Lo hemos intentado todo”. Así resume el Centro Fray Juan de Larios la frustración de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, y víctimas de tortura, ante la indolencia del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria en el País, y particularmente en Coahuila.

Tras colaborar con las autoridades por años, ver “avances mínimos y cero resultados”, la asociación exigió al Gobierno Federal revertir su política de seguridad y acordar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de un Mecanismo Internacional Extraordinario, para la investigación penal y procesamiento de los responsables de crímenes considerados de lesa humanidad.

Conscientes de que “la voluntad política claramente se acabó con la firma de convenios y decretos de ley”, la ONG ya había presentado en julio de 2017 una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una indagatoria preliminar por los eventos ocurridos en México.

“Las razones para acudir a la CPI son fundamentalmente dos: los crímenes de desaparición, tortura y asesinato no están siendo investigados, mucho menos en la magnitud de lo que representan, crímenes de lesa humanidad; y que hay una manifiesta incapacidad para llevar a cabo estas indagatorias”, señaló Fray Juan de Larios en un documento con motivo de la presentación del informe “Corrupción que mata”, en la Ciudad de México.

En su texto, el centro detalla su cooperación desde 2013 con el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), esquema que permitió una serie de reformas que a la postre alimentaron e inspiraron la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, recientemente en vigencia.

Pero también que, “pese a todos estos esfuerzos, no había personas localizadas de entre los desaparecidos de manera forzada o por particulares, no había procesos penales por desaparición, ni sentencias. En suma, los esfuerzos de familiares y sociedad civil (…) no tenían, ni tienen, respuestas concretas”.

Según la asociación civil, el Mecanismo Internacional Extraordinario deberá tener las siguientes características:

Estar conformado por expertos nacionales e internacionales, con inmunidad, con probada imparcialidad e independencia.

Debe investigar crímenes atroces desde la perspectiva del derecho penal internacional.

 Debe enfocar sus esfuerzos a desmantelar las redes de macro criminalidad y corrupción que permiten la continuidad de los crímenes, y particularmente las desapariciones.

Debe coadyuvar en el fortalecimiento de las instituciones nacionales para hacerlas eficaces.