El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un sistema de evaluación para calificar el desempeño de todos y cada uno de sus legisladores en el Palacio de San Lázaro, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos de sus labores en la Cámara.

Los resultados del Sistema de Evaluación de Diputados serán de carácter público y se deberán difundir permanentemente en su sitio electrónico, con sus respectivas actualizaciones al término de cada periodo de sesiones.

Aprobado con 358 votos a favor, dos en contra y una abstención, el dictamen prevé una serie de reformas y adiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados para dar seguimiento permanente al trabajo de los legisladores.

De acuerdo con la iniciativa del diputado presidente Edgar Romo, el sistema de evaluación permitirá revalorar el trabajo parlamentario, pues, en términos de nivel de confianza entre los ciudadanos y en una escala del 1 al 10, los diputados y los policías son de los peor calificados, con 4.8, solo por arriba de partidos políticos (4.4) y sindicatos (4.6).

Entre los indicadores a considerar para evaluar a los legisladores, la propuesta de Romo enumeró la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo; la asistencia, permanencia e intervenciones en las comisiones, comités, grupos de trabajo y el pleno; las votaciones, la evolución y éxito de los documentos que presentan, así como la trascendencia de los mismos.

El Sistema de Evaluación de Diputados estará a cargo de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo para definir los parámetros e indicadores de las evaluaciones.

Dicho consejero estará integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, un representante de cada grupo parlamentario, además de cinco representantes de instituciones de educación superior; cinco, de organizaciones de la sociedad civil, y cinco más de organizaciones del sector productivo, además de diversos funcionarios del propio órgano parlamentario.

Asimismo, el Consejo Coordinador podrá invitar a sus reuniones a personas expertas en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación, a representantes de instituciones públicas, de instituciones educativas y de investigación, de organismos internacionales y de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con sus especialidades.