Por Dennis A. García para La Jornada

La seguridad en México se convirtió en un negocio ante la crisis de violencia que vive el país. Con una normatividad obsoleta de hace 11 años, 4 mil 700 empresas operan sin contar con un registro federal, porque la Ley Federal de Seguridad Privada lo permite y eso deja a la discrecionalidad su supervisión.

A escala nacional se tiene un registro de 6 mil empresas de seguridad privada que prestan servicios de protección, custodia o vigilancia, y de las cuales sólo mil 226 cuentan con registro federal, el cual les permite operar en dos o más entidades.

El resto, que es la mayoría, ha encontrado en el vacío de la ley la forma de ofrecer sus servicios en varias entidades, con distinta razón social y con apego a las reglas locales.

En entrevista con La Jornada, Luis Esteban Islas Bacilio, titular Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), afirmó que es urgente pasar de una ley federal a una general, para evitar ese tipo de prácticas y tener una supervisión adecuada de todas las empresas dedicadas a ese ramo.

“Hay empresas de seguridad privada que por ley no tienen la obligación de contar con un registro federal, ya que sólo operan por entidad, y de acuerdo con la normatividad no debiesen tener un registro federal. Lo que hacen muchas empresas es tener diferentes denominaciones en cada estado, pero al final es la misma, actuando en todo el territorio. La legislación vigente no es la adecuada y debe ser modernizada#, alertó.

Explicó que en cada entidad hay un órgano que pone las bases de registro para las empresas de seguridad privada, pero las grandes están en favor de la regulación, porque cuentan con los estándares de calidad internacionales.

De acuerdo con la información con que cuenta Islas Bacilio, en las mil 226 empresas que tienen permiso federal trabajan 110 mil elementos, de los cuales se tienen sus registros.

Tenemos la base de datos en Plataforma México, sabemos quiénes son, en dónde están y qué arma de fuego portan. Esa práctica debe replicarse en los estados, pues de 4 mil 700 empresas sólo se sabe que cuentan con una fuerza de 125 mil elementos, pero se desconoce quiénes son, si cumplen con las bases mínimas, si están certificados o qué capacitación tienen.

El funcionario insistió en que la ley no obliga a los gobiernos estatales a darnos información. Estamos sujetos a su buena voluntad, porque ellos son los reguladores de los servicios de seguridad privada, enfatizó.

Ante esa situación, Islas Bacilio aseveró que con los instrumentos legales disponibles no alcanza para regular a las empresas. Es urgente la homologación del registro, de la verificación y de las sanciones a las que se puedan hacer acreedores en caso de no cumplir con las normas, indicó.

“Se requiere una regulación estándar nacional para supervisar a las empresas, porque no existe claridad en cómo supervisan y sancionan a escala estatal y esto se presta a la discrecionalidad. Todas las empresas que tienen buen nivel, pagan impuestos y capacitan a su personal, están en favor de una mejor regulación, porque ahora, sin la ley que homologue su actuación, tienen una competencia desleal ya que hay unas que operan sin registro o que tienen uno estatal y ofrecen servicios en otras entidades con sueldos bajos para sus empleados", explicó.

Agregó que en el Congreso de la Unión está pendiente la aprobación de la inciativa de reforma de la Ley General de Seguridad Privada en la que trabajó por dos años la CNS.