No hace falta argumentar mucho para dejar claro que la corrupción constituye uno de los peores problemas que padecemos en México. Y no hace falta porque la evidencia de que tal afirmación es cierta no hace sino acumularse todos los días, formando una montaña imposible de ocultar.

El problema es de tal magnitud que, incluso, hemos tenido que diseñar indicadores para medirlo y calcular el impacto que tiene en nuestras vidas, tanto a nivel individual como colectivo. Los números que arrojan tales indicadores son tan contundentes como decepcionantes.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que los actos de corrupción cometidos en nuestro país tienen un costo anual de al menos 7 mil 218 millones de pesos.

La cifra anterior podría incluso ser conservadora, pues diversos estudios realizados por organizaciones independientes sitúan el costo de la corrupción hasta en 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual la ubicaría en el rango de los cientos de miles de millones.

Pero si la cifra del Inegi es lo suficientemente escandalosa, los datos desagregados muestran a Coahuila como una entidad en donde el fenómeno es no solamente compartido, sino que va a la alza, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, el indicador empeoró a nivel local.

Y es que de 83.5 por ciento de ciudadanos que en 2015 contestaron a dicha encuesta señalando que consideran que los actos de corrupción son muy frecuentes en Coahuila, pasamos a un 85.9 por ciento que comparte dicha perspectiva, mientras que el costo per cápita de tales actos se ubicó en 2 mil 500 pesos anuales, por encima de la media nacional.

No hacen falta las estadísticas para tener claro que nos encontramos ante un fenómeno que demanda atención inmediata, y que dicha atención debe darse en múltiples frentes de forma simultánea.

Pero el hecho de no requerir de mayor evidencia para tener clara la magnitud del problema no implica que no debamos poner atención a los indicadores, pues justamente son esas cifras las que debemos procurar que mejoren en el futuro inmediato.

Cada año, organismos como Transparencia Internacional o el Instituto Mexicano para la Competitividad realizan ejercicios de medición de la corrupción. El Inegi realiza la encuesta que hoy reseñamos cada dos años.

¿Cuál es el compromiso que nuestras autoridades –de todos los órdenes de Gobierno– van a formular para que dichos indicadores se muevan en el sentido correcto la próxima ocasión en que sean calculados? ¿Qué acciones van a emprender para garantizar la obtención de tales resultados?

Sería de esperarse respuestas concretas y contundentes al respecto, pues el altísimo costo que implica la corrupción es uno que pagamos los ciudadanos, y ya sería hora de que nuestra clase gobernantes se diera cuenta de que no estamos dispuestos a seguirlo haciendo.