Se ha dicho en múltiples ocasiones: la forma más segura de saber si un fenómeno, cuyo comportamiento sea importante, se está moviendo en la dirección deseable es realizar mediciones constantes de su evolución. De esta manera también se sabe si las soluciones ideadas para combatirle han sido eficaces o han alcanzado su objetivo.

Uno de los fenómenos cuyo comportamiento más nos importa a todos –porque nos afecta de forma directa o indirecta– es el de la corrupción gubernamental, porque detrás de éste se ubica la causa de buena parte de nuestros rezagos colectivos.

En este sentido, uno de los indicadores relevantes que es preciso mantener a la vista es el relativo al número de conductas irregulares, en las cuales habrían incurrido funcionarios públicos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestra entidad se han registrado, durante los primeros dos meses de 2018, más denuncias por presuntos actos delictivos cometidos por funcionarios públicos, que todas las registradas en 2017.

En efecto, durante el primer bimestre de 2018 se han presentado un total de 116 denuncias en contra de funcionarios públicos, mientras que durante los 12 meses del año anterior sólo se registraron 60 casos.

Por otra parte, el INEGI ha revelado, a través de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 que, en nuestra entidad, creció poco más de 10 por ciento el número de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, respecto de las cifras de 2015.

Los datos duros parecen demostrar de forma incuestionable una realidad: en materia de corrupción las cosas están empeorando en Coahuila.

Y nada tendría de novedosa tal afirmación, ni habría de convocarnos especialmente al pesimismo, pues si algo estamos acostumbrados a recibir los mexicanos son malas noticias.

El problema es que esta “evolución” del fenómeno se registre al mismo tiempo que se ha dado el surgimiento de los “sistemas anticorrupción” a nivel federal y estatal.

Porque si el fenómeno de la corrupción en general –y el de la corrupción gubernamental en particular– sigue creciendo a pesar de la existencia de un complejo entramado teóricamente creado para combatirla, la deducción lógica es que algo no se está haciendo bien.

Más allá de las explicaciones técnicas que los funcionarios involucrados en el tema puedan ofrecernos, lo que todos deben asumir es que, desde la perspectiva ciudadana, la única respuesta aceptable es que los índices de corrupción disminuyan y el sentido común dicta que eso sólo ocurrirá cuando tal conducta se castigue y desaparezca la impunidad.

Cualquier otro intento por explicar la “lógica” de las estadísticas equivale a una tomadura de pelo, y nadie puede esperar en el sector gubernamental que la sociedad pueda arribar a la conclusión, a partir de estos números, que algo bueno se está haciendo para combatir el más irritante de todos los fenómenos gubernamentales.