El Frente Unido de Pueblo de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, la Red de Afectados por la Minería (REMA) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demandaron la liberación inmediata de las 10 personas detenidas por la riña suscitada el viernes pasado con elementos policiacos a las afueras de la empresa Chemours Company.

Gustavo Lozano, director de REMA, comentó que las 10 personas en proceso están siendo acusadas de cometer los delitos de “ataques a vías de comunicación”, “daños”, “lesiones” y “motín”, sin embargo, refirió que tienen el agravante de haberlo hecho con armas y explosivos.

Lozano explicó que al incluirles dicho agravante fueron trasladados a la capital del estado, alejados de sus familias en Gómez Palacio. Comentó que cuando mínimo, están exigiendo a la Fiscalía que les retiren dicho agravante.

“No son delincuentes, son defensores de la tierra”, dijo Lozano. “Esperemos que el juez de control dicte una medida favorable para los compañeros”, añadió.

Una protesta de habitantes de comunidades aledañas a la empresa de cianuro de sodio, Chemours Laguna, quienes están en contra de la instalación de la empresa, terminó en un enfrentamiento violento entre policías de Gómez Palacio y los propios habitantes el pasado viernes 9 de marzo. En primera instancia se detuvieron a 43 personas pero ya se liberaron a 33.

Los detenidos y acusados son Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz y Sanjuana Nájera.

El responsable de REMA detalló que algunos están siendo defendidos por abogados particulares y otros por defensores de oficio. Lozano criticó que el gobierno de Durango esté utilizando la Fiscalía para criminalizar a los compañeros y judicializar la protesta del pasado viernes.

El Frente también exigió la revocación de los permisos otorgados para el proyecto “Chemours Laguna”, la destitución de Jaime López, director de Atención Ciudadana y a quien acusan de ser uno de los provocadores del enfrentamiento. También pidieron la discusión y aprobación del Punto de Acuerdo sobre el proyecto Chemours Laguna que presentó en 2017 la diputada Elia Estrada Macías. Al gobierno federal reclamaron la revocación inmediata del proyecto por calificarlo de ilegal. Al Congreso de la Unión exigieron se cree una Comisión Especial que investigue y analice los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, mientras que a la Sal Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia exigieron el reconocimiento del interés legítimo de los demandantes y la admisión de la demanda solicitada sobre la suspensión provisional del proyecto por considerarla condicionada en materia de impacto y riesgo ambiental.

Será este sábado cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso

Denuncian tortura

Gustavo Lozano denunció en la rueda de prensa que durante las primeras horas posteriores a las detenciones, hubo tortura hacia los manifestantes arrestados.

“En algunos casos fueron incomunicado o aislados, se usaron técnicas psicológicas para que se auto inculparan o para que traicionaran a sus compañeros de lucha y en otras, les hicieron firmar hojas en blanco”, comentó.

También afirmó que las compañeras fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos y con la “macana” presionaban por encima del pantalón su zona vaginal.

Miguel Soto, un habitante de la zona, mencionó que existe mucho miedo e incertidumbre por los rumores de que pueden detener a las personas de las comunidades. Inclusive, aseguró  que muchos compañeros liberados optaron por irse de las comunidades.

Se quejó de que la autoridad busque cobrar los daños a las patrullas. “Cómo se borran los golpes que nos dieron a nuestros niños, ancianos y mujeres. Quién va a pagar por nuestros daños”, reclamó.

Bonfiacio Reyes contó que a su padre lo detuvieron, lo golpearon y lo torturaron. “Ahora tiene una hemorragia interna”, platicó.