Juan Salas Aguirre, alcalde de General Cepeda, interpuso una denuncia formal ante la delegación de PGR de la Región Sureste en contra de quien resulte responsable debido a que la anterior administración municipal pagó a empresas “fantasma” 270 millones de pesos por al menos 3 obras públicas que no se realizaron o quedaron a medias. 

Según el Edil, las obras no ejecutadas fueron la instalación de luminarias led en una colonia, y la realización de obras públicas con maquinaria del Municipio que fueron facturadas a nombre de otra empresa. 

“El cargador que trabajaba para el Municipio para compactar la basura fue sacado del relleno sanitario y puesto a disposición para poner bordos y hacer obras públicas, pero se facturó a otra empresa”, explicó Salas Aguirre. 

Aunque inicialmente el Edil sostuvo que no contaban con los exactos porque se trataba de obras no terminadas o no realizadas y pagadas a empresas “fantasma”, sí sostuvo que uno de los proyectos tuvo un costo por 700 mil pesos y otro por 400 mil pesos. 

El legislador panista, Juan Carlos Guerra, acompañó a Salas Aguirre a interponer la denuncia y reveló que el montó podría ser de 270 millones de pesos, aproximadamente. 

Salas Aguirre refirió que esta investigación fue realizada durante los últimos dos meses por la Contraloría Municipal, en la que también encontraron sustracción de documentos relacionados con las obras públicas: 

“Hay falta de expedientes, falta de contratos, sacaron papelería oficial, sacaron carpetas de la Contraloría, además de integradoras de obras que no están en manos de la Presidencia Municipal. Hemos citado a exfuncionarios de la administración para que den su punto de vista, y para que ellos citen a esas personas”, y destacó que dichos cobros nunca se dieron por vistos, por lo que iniciaron la investigación. 

Ejemplificó que en San Antonio del Jaral se invirtieron 1.5 millones de pesos en una cancha, aunque la obra no existe físicamente. 
Finalmente, detalló que este es el principio de una serie de denuncias que se estarán realizado por desvío de recursos o delitos patrimoniales contra el Municipio. 

Obras hechas por el Municipio como colocar bordos en las calles fueron facturadas a una empresa.

La colocación de luminarias en una colonia no se ejecutó, sí fue pagada.

Otro de los proyectos dejados a medias pero sí facturados tuvo un costo de 700 mil pesos.
En San Antonio del Jaral se invirtieron 1.5 mdp en una cancha, el dinero se pagó y la obra no existe.

Además, en Contraloría fue saqueada documentación como expedientes, contratos y papelería oficial.

La punta de la madeja...

270  mdp sería lo pagado a empresas “fantasma”.