Ciudad de México.- “Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas para encontrar la verdad’’, reclamó Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, durante la Audiencia Pública del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa. 

Durante la reunión de hoy entre familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Independencia, Guerrero, y representantes del Gobierno mexicano, en la cual se evaluaron los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares en la búsqueda de los 43, los reclamos a las autoridades mexicanas, esos que nunca se fueron, se hicieron presentes. Y es que, aseguran, no hay respuestas a más de tres años de los hechos.

“Venimos nuevamente sin resultados de justicia y verdad en el caso que estrujó la conciencia mundial”, dijo Mario Ernesto Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“En los últimos meses hay nuevos agravios contra las víctimas; doña Minerva falleció en los meses recientes por la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”, aseguró Patrón.

De acuerdo con el experto en derechos humanos, la investigación del caso Ayotzinapa no ha arrojado resultados objetivos y materiales. Además, apuntó, el cronograma implementado por el propio Gobierno frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se incumple recurrentemente.

El fiscal Alfredo Higuera, responsable de la investigación del caso Ayotzinapa, dijo tener pruebas que aclaran las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, pero aclaró que no puede hacerlas públicas todavía.

Higuera indicó que “en las últimas semanas a la investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso”.

“Uno de ellos es el tener por identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes. Ello es sin duda la raíz del problema y lo que puede aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron y justamente, tras haber elaborado diversas hipótesis, se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para saber por qué los jóvenes fueron acometidos”, dijo Higuera.

En este sentido, aseguró que los detalles todavía “no pueden ser revelados en audiencia pública”, si bien han sido comentado “de alguna manera en las reuniones previas”.

Los datos con que cuentan gracias a esa información “dan cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal” que opera en la zona y “la indudable intervención en los hechos de elementos de diversos organizaciones, especialmente municipales en colución” con los criminales, agregó.

Mario González, padre de César González, le preguntó a Higuera si la finalidad de la investigación era encontrar a su hijo y a los otros 42 desaparecidos.

Ante ello, el fiscal le respondió que “la meta es saber todo lo que ocurrió”, lo que incluye también encontrar a los desaparecidos.

“El objetivo común de víctimas, CIDH y Estado es el de encontrar la verdad completa en el caso. Han sido numerosos encuentros, reuniones y audiencias donde se ha procurado brindar información sobre el tema, hoy el Estado acude a su audiencia para seguir cumpliendo con responsabilidad de informar sobre el caso”, sostuvo Higuera.

De acuerdo con la versión oficial, policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos mataron e incineraron a los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

No obstante, varios peritajes independientes han concluido que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos, lo que desmontaría la versión oficial cuestionada por los expertos de la CIDH que asistieron el caso durante un año.

Tres años después de la tragedia, y en el ecuador de este mecanismo que dura un año, la CIDH lamentó que no haya habido consignaciones nuevas desde finales de 2015 ni una acusación formal contra la Policía municipal de Huitzuco, posiblemente implicada en la desaparición de un grupo de los 43 jóvenes.

Lo único verdadero es que aquella noche del 26 de septiembre de 2014, México perdió a 48 aspirantes a maestros, cuyo destino era enseñar en las comunidades más pobres de Guerrero y de otros puntos del país: a tres los asesinaron arteramente, otro más está en estado de coma, uno más con lesiones perpetuas y, desde entonces, y 43 se encuentran desaparecidos.