Por Ernesto Aroche Aguilar (@earoche) para Animal Político

En materia energética el sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado no sólo por la apertura a empresas transnacionales como la estadounidense Shell o la inglesa BP, sino también por el crecimiento exponencial de la perforación de ductos para el robo de combustible: en cinco años de gobierno, ese fenómeno delictivo ha repuntado 790%, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa productiva ha contabilizado un total de 28,736 tomas clandestinas en todo el país, entre 2013 y 2017, un promedio de 1 perforación cada 90 minutos.

En el mismo periodo del sexenio del panista Felipe Calderón, de 2007 a 2011, Pemex registró 3,230 tomas clandestinas, un promedio de 1 perforación cada 13 horas y media.

Y aunque en mayo pasado el gobierno federal anunció el inicio de un plan integral contra el robo de combustible en todo el país, las cifras que Pemex hace públicas mes con mes muestran que las acciones gubernamentales para contener el delito no han tenido un impacto positivo.

De hecho, 2017 terminó con la cifra récord de 10, 363 perforaciones ilegales en todo el país.

Guanajuato quedó como el estado con el mayor número de tomas clandestinas (1852), seguido de Puebla (1443), Tamaulipas (1100), Hidalgo (1064) y Veracruz (1012); estas cinco entidades concentraron el 62% de los casos.

El robo y las fugas de combustible representaron pérdidas de 25 mil millones de pesos en promedio, en los primeros cuatro años de la actual administración, según una estimación que realizó este portal basada en información oficial.

Del norte al centro del país

De acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2016, publicado hace unas semanas por la empresa estatal, se han puesto en marcha varios sistemas de vigilancia, lo mismo humanos que tecnológicos, por tierra y aéreos.

Se han establecido puestos de mando y centros coordinadores de operaciones avanzados, y un monitoreo permanente de los sistemas de transporte por ductos, para detectar en tiempo real las variaciones de flujo, presión y temperatura en un punto determinado.

Pero las acciones de la empresa productiva no han contenido el problema. Los ductos siguen siendo perforados para extraerles el combustible que transportan, aunque los datos oficiales muestran un cambio en la tendencia delictiva, pues los mayores crecimientos se dieron en entidades del centro del país.

El mayor crecimiento entre 2013 y 2017 se registró en entidades como Guanajuato (1015%), Michoacán (1060%), Hidalgo (850%) y Puebla (584%).

Aunque los casos que más resaltan en esa medición son el de la Ciudad de México, pues el registró pasó de 1 toma clandestina en 2013 a 91 el año pasado, lo que significa un crecimiento del 9000%.

Y el de Morelos, que de un registro cero en 2013 pasó a 378 perforaciones para 2017.

En cambio decreció en estados como Durango (-68%), Coahuila (-48%) y Zacatecas, que pasó de 16 tomas clandestinas al inicio del sexenio a cero en 2017.

En número neto de tomas clandestinas el mayor crecimiento se dio en Guanajuato, al pasar de 166 a 1852; Puebla que pasa de 211 a 1443, e Hidalgo que de 112 perforaciones ilegales pasó a 1064.

Una lucha sin inteligencia

De acuerdo con el informe “El robo de combustible: asalto a la nación” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, detrás de ese delito están los cárteles del crimen organizado”.

“El robo a través de la extracción de combustibles en los ductos de Pemex se supone realizado por una estructura bien definida y organizada compuesta por un buen número de individuos vinculados —o no— con actores legales y con conocimientos —al menos básicos— del tratamiento, infraestructura de la red de ductos, así como de los periodos de tiempo más convenientes para su extracción ilegal; lo que acusa un conocimiento de todo el procedimiento técnico que conlleva su extracción, almacenamiento y distribución”.

A pesar de ello, ni la Procuraduría General de Justicia, ni el Ejército o la Marina cuentan con información de inteligencia sobre grupos dedicados a la extracción ilegal de combustibles.

Cuestionadas al amparo de la ley de transparencia, las tres instituciones respondieron que la información sobre “células del crimen organizado dedicados al robo de combustible que operan en el país, especificando nombre y/o sobrenombre de los líderes de dichas organizaciones, estados y municipios de influencia y su año de inicio de operaciones” es inexistente.