Horas antes de morir, Óscar Pérez, el piloto que desafió al Gobierno de Nicolás Maduro, se había rendido ante la policía. “Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios, que de paso hay conocidos de nosotros, somos patriotas, somos nacionalistas, venimos con toda nuestra convicción”, dijo en uno de los vídeos que divulgó en Instagram el pasado lunes.

Fue un pacto frustrado. La versión oficial indica que los oficiales del operativo contra el exagente debieron defenderse de un ataque del grupo comandado por Pérez. Buscado por lanzar dos granadas y disparar desde un helicóptero robado contra el Supremo y el Ministerio de Interior y Justicia el pasado junio y la sustracción de armas de un cuartel militar, el piloto había abandonado su cargo de inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para rebelarse contra Maduro. Hasta en sus últimas grabaciones se mostró en compañía de otros agentes en rebelión y armados.

Pérez estuvo prófugo durante casi siete meses. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, dice que rastrearon su ubicación gracias a una entrevista vía Skype concedida el pasado viernes a la cadena televisiva CNN en español, y a supuestos delatores de la oposición.

La policía científica fue excluida de la operación denominada Gedeón. En cambio, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional y hasta civiles progubernamentales participaron en la maniobra contra Pérez. El asalto duró más de ocho horas. Casi 600 funcionarios actuaron con un arsenal de tanquetas, antitanques, un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso, fusiles AK-103 y pistolas.

Una evidencia del desproporcionado combate es el chalet donde se refugiaban los insurgentes, en el barrio caraqueño de El Junquito. Más de un centenar de tiros dejaron la casa hecha un amasijo de escombros. Su propietario es William Aguado Sequera, un médico cirujano de la policía que fue detenido por militares.

Pérez, otros cinco hombres, una mujer y dos agentes policiales murieron en la operación policial. El Gobierno ha confirmado nueve muertos, ocho heridos y seis arrestados. Según el Ministerio de Interior y Justicia, los expolicías intentaron detonar un automóvil cargado de explosivos y dispararon contra los uniformados.

Una “ofensiva terrorista”

Para Maduro ha sido un jaque a lo que ha calificado de “ofensiva terrorista” coordinada desde Estados Unidos y Colombia. “A 17 días de dar la orden, orden cumplida... Y deben saber la contrarrevolución mayamera [de Miami] y la oligarquía colombiana que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino”, amenazó el martes. Hasta ahora, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, no ha hecho ningún pronunciamiento sobre este suceso.

Las muertes han sido condenadas por organismos de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que compara la masacre con otras perpetradas por dictaduras latinoamericanas. Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, destituida por la chavista Asamblea Constituyente, afirma que el caso será incluido en la denuncia que reposa desde noviembre en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Maduro, Reverol y otros altos cargos por crímenes de lesa humanidad. En el expediente introducido el año pasado se acusa al Gobierno de perpetrar 505 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2016, específicamente en las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo. Los procedimientos de seguridad suelen estar apoyados por colectivos armados, sostiene el informe.

El asedio contra Pérez confirma la incursión de grupos parapoliciales del chavismo en operaciones de seguridad del Estado. Heiker Vásquez, cabecilla del colectivo Tres Raíces, murió cuando actuaba con agentes en la operación contra Óscar Pérez. Su funeral fue escoltado por oficiales de la policía y miembros de colectivos en Caracas. Solo el miércoles en la tarde se permitió a los familiares de los opositores muertos entrar a la morgue de Bello Monte, en el este de la capital, para reconocer los cadáveres. “Aura Pérez [tía del piloto] no identificó el cuerpo de Óscar Pérez. Firmó certificado de defunción sin reconocerlo. Esperamos mañana [por ayer] retirar el cuerpo, no cenizas. ¡No se autoriza la cremación!”, escribió Dana Vivas, pareja del expolicía. Lo mismo sucedió con otros fallecidos en el operativo. Sus parientes piden que no sean cremados para conservar evidencias ante futuros juicios.

Ortega ha calificado las muertes del expiloto del CICPC y de sus compañeros como un acto “genocida” y una violación de los derechos humanos. “El Gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de la muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio de Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes? Todo esto culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero”, dijo.