El cese al fuego bilateral entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) termina este martes sin un acuerdo sobre su renovación. El Ejecutivo de Juan Manuel Santos, como manifestó el propio presidente el fin de semana, busca prorrogar la tregua pactada el pasado septiembre en vísperas de la visita del Papa. Sin embargo, la organización insurgente más activa en el país tras la desmovilización de las FARC plantea ahora más exigencias al Estado.

Los equipos negociadores de ambas partes se reunieron el lunes en Quito, capital de Ecuador, para comenzar un nuevo ciclo de conversaciones. Todos manifestaron su disposición a reeditar el pacto. Pero el entendimiento sobre el fondo de la cuestión no es suficiente. El ELN dio este martes por terminado el alto el fuego. “Hoy, martes, a las 24 horas termina el cese, que tuvo una duración de 101 días”, afirmó el líder guerrillero encargado de los contactos con el Gobierno, Pablo Beltrán, que lanzó además una advertencia a las autoridades.

“Fuimos los que más colocamos para que este cese saliera adelante. Este es el balance que vamos a comenzar a mirar en la mesa. Quiere decir que otro cese el Gobierno, que supuestamente tiene voluntad política, más aliento, más fuerza, más que nosotros, tiene que colocar más que lo colocó en esta oportunidad, porque se trata de demostrar voluntad política”, dijo en Caracol Radio.

Desde octubre, cuando se inició la tregua, la tensión entre el Estado y el ELN no ha cesado y se han registrado varias violaciones del acuerdo por parte de esta guerrilla, que nació en 1964 casi al mismo tiempo que las FARC y tiene cerca de 2.000 combatientes. En estos tres meses murieron al menos 14 personas, según los cálculos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), entre las que figura un gobernador indígena del departamento del Chocó, en el noroeste del país. En esa región, una de las más perjudicadas por el conflicto armado, opera la columna más descontrolada, el llamado Frente de Guerra Occidental Omar Gómez. Su comandante, conocido como Uriel, ordenó a sus hombres volver a las armas. “A todas nuestras unidades ya les fue orientado reactivar las actividades normales y están en posición”, comunicó.

El diálogo con el ELN, que empezó oficialmente en febrero de 2017, apenas ha tenido avances. El alto el fuego fue fruto del clima generado en septiembre por el viaje pastoral del papa Francisco. No obstante, las negociaciones se reanudan ahora con un nuevo impulso. Antes de Navidad, Santos nombró a un nuevo responsable de las conversaciones. Se trata de Gustavo Bell, exvicepresidente de Andrés Pastrana, que sustituye en el cargo a Juan Camilo Restrepo.

La Iglesia y Naciones Unidas, garantes de esa tregua, pidieron a las autoridades y a la insurgencia que preserven ahora “los logros obtenidos en materia de reducción de la violencia” y destacaron el “alivio humanitario” para las comunidades rurales. Manifestaron, además, “la necesidad de un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana”.

La paz con el ELN supone para Colombia, junto con la lucha contra el narcotráfico, uno de los mayores retos para garantizar la convivencia en el campo. Las FARC ya han entregado las armas y concurrirán a las próximas elecciones, pero los acuerdos con la guerrilla más antigua de América no han sido suficientes para enterrar la violencia. Según los expertos, el proceso de negociación con esta organización, fundada sobre unos cimientos teóricos que mezclan marxismo y cristianismo, será lento y complicado. Su estructura, menos jerárquica que la de las FARC, no garantiza, por ejemplo, el cumplimiento estricto de las órdenes de sus dirigentes. La gestión de este desafío quedará, en cualquier caso, en manos del presidente que salga de las urnas en las elecciones de mayo.