La Comisión Europea activó un procedimiento legal contra Polonia por poner en peligro los valores fundamentales de la Unión Europea (UE) con su reforma de la Justicia, confirmó un portavoz en Bruselas, mientras que Rumania aprobaba también otras dos leyes que limitan la libertad de la Justicia.

Es la primera vez que se activa un procedimiento de este tipo en base al artículo 7 de los Tratados de la Unión, que garantiza que los miembros del bloque se atengan a los valores de la democracia y el Estado de derecho. En el peor de los casos, Polonia podría perder derechos de votación.

Bruselas y Varsovia se enfrentan desde hace dos años por las controvertidas reformas impulsadas por el nacionalista-conservador Partido Ley y Justicia (PiS), sobre todo la que afecta a la Justicia.

La disputa se agudizó por dos leyes que, según los críticos, politizan la Corte Suprema de Polonia y el Consejo Nacional de la Magistratura, un cuerpo de supervisión de los jueces. Estas normas ponen en peligro la separación de poderes y el Estado de derecho, en opinión de la Comisión.

El caso pasa ahora al Parlamento Europeo y después los miembros de la UE tienen que decidir por una mayoría de cuatro quintos si Polonia constituye "un claro riesgo de violación grave" de los valores fundamentales del bloque.

En un segundo paso, los aliados de Polonia de la UE deberían incluso verificar de forma unánime que realmente se ha cometido una "violación grave y persistente" de los valores.

La decisión se tomó muy a pesar de la Comisión, pero no hay otra opción, dijo el vicepresidente de la institución, Frans Timmermans. "No se trata aquí solo de Polonia, sino de toda la Unión Europea”.

Pese a ello, subrayó que la Comisión está abierta al diálogo y aconsejó a Varsovia sobre cómo resolver la disputa. Si actúa en los próximos tres meses aplicando una serie de medidas propuestas, la Comisión volverá a analizar el caso, añadió Timmermans.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, escribió en Twitter que ha invitado a reunirse con él el 9 de enero al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

La activación del artículo 7 de los Tratados de la Unión puede llevar en el peor de los casos a la suspensión de los derechos de voto de un país del bloque. Hungría ha adelantado ya que vetará esta opción en caso de presentarse.

"La reforma judicial es imprescindible", escribió hoy en Twitter Morawiecki. Sin embargo, anteriormente dijo que esperaba que Varsovia y Bruselas encontraran un lugar para el diálogo en el caso de que se iniciara un proceso.

El Ministerio de Exteriores polaco explicó que la decisión de Bruselas tiene un carácter político y no legal. El inicio del proceso perjudica a las relaciones bilaterales de forma innecesaria y complica la construcción de la confianza y la unidad entre las dos partes, apuntó.

El ministro de Justicia y fiscal general polaco, Zbigniew Ziobro, sin embargo, reaccionó de forma comedida. "Tomo nota de la decisión con tranquilidad", dijo.

Ziobro, cuyas facultades en Justicia se extienden notablemente con las reformas ya aprobadas y las planeadas, negó que las nuevas normas pongan en peligro la independencia de la Justicia.

El PiS argumenta que el sistema no se ha modificado desde el final del comunismo en 1989 y que los jueces son en gran parte corruptos.

Que el presidente Duda anunciara poco después de la decisión de la Comisión Europea que firmará dos leyes judiciales controvertidas fue visto como una pésima señal de la disposición al diálogo por parte de los críticos con el Gobierno. Duda subrayó que son dos buenas leyes que ayudarán a democratizar el país. Expertos en derecho afirman, en tanto, que las nuevas leyes permitirán al PiS tener más influencia en los jueces y los tribunales.

En tanto, el Senado de Rumania aprobó hoy otras dos leyes que limitan la libertad de la Justicia a pesar de masivas protestas y advertencias de la UE.

El paquete de leyes fue presentado para su firma al presidente Klaus Iohannis junto a una nueva regulación decidida el día anterior.

Previamente, Iohannis había criticado duramente este paquete iniciado por los partidos gobernantes PSD (socialdemócratas) y ALDE (liberales). "Hay un claro riesgo de que se active el artículo 7 (del Tratado de la UE) contra Rumania como en el caso de Polonia si se aprueban estas leyes de justicia", dijo. "Quien cree que esto no tendrá consecuencias vive en otro planeta", señaló.

El presidente puede devolver solo una vez las leyes al Parlamento. Si se las vuelve a aprobar, debe firmarlas y ponerlas en vigor.

De acuerdo con una de las nuevas regulaciones, los fiscales ya no podrán trabajar con libertad. Sus investigaciones podrán ser anuladas por sus superiores si las consideran "poco sólidas". Expertos critican que lo de "poco sólidas" podría llevar a que haya abusos.

Además, las investigaciones contra fiscales y jueces quedarán a cargo de un nuevo organismo especial y ya no la Fiscalía Anticorrupción (DNA), elogiada por la UE.