La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Partido de la Revolución Democrática contra las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de Derechos de las Audiencias.

La Corte aún no admite a trámite la acción interpuesta por 47 senadores, luego de que seis legisladores panistas se desistieron del recurso que firmaron.

Para que una acción de inconstitucionalidad pueda interponerse ante la Corte por parte de los senadores, se necesitan 43 firmas; sin embargo, ahora con el desistimiento de los seis panistas, solo existen 41firmas.

La Corte está a la espera de que los senadores ratifiquen su firma a favor de la acción o su desistimiento.

Los panistas fueron emplazados por la Suprema Corte para que en los próximos tres días se presenten a ratificar sus firmas.

Los senadores panistas son Silva Garza, Fernando Herrera, Sonia Mendoza, Pilar Ortega, Francisco López Rosa Adriana Díaz.

En la acción de inconstitucionalidad presentada en un comienzo por los 47 legisladores, estos alegaron que las modificaciones al citado estatuto vulneran la capacidad de las audiencias para inconformarse por malos manejos en la información difundida en los medios de comunicación, lo que transgrede los artículos sexto y séptimo de la Constitución, así como varios convenios internacionales.

Dichas acciones fueron acumuladas y están en manos del ministro Alberto Pérez Dayán, quien tendrá que elaborar un proyecto se sentencia y presentarlo para que sea analizado por sus homólogos.

A fines de noviembre del presente año, los senadores del PAN, PRD y del PT-Morena y un independiente presentaron la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de las audiencias, aprobadas recientemente en la Cámara Alta.

El senador del PAN, Ernesto Ruffo denunció hace días la forma "ilegal y atropellada" en la que se aprobaron las reformas en la sesión del pasado 26 de octubre, y criticó la premura del Ejecutivo para promulgarlas el 31 de octubre.

"Secretarios de las comisiones nos convocaron, a pesar de no estar en capacidad de hacerlo, con menos de 24 horas de anticipación, y sin previa lectura se puso a discusión el dictamen ante el pleno", manifestó.

Cordero expresó que se ponen en evidencia los intereses que hay detrás de esta "contrarreforma", la cual limita los derechos de las audiencias que se habían logrado en la reforma aprobada en el Congreso de la Unión en 2014.

En los cambios aprobados recientemente, agregó, se elimina la obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la publicidad de la información, con lo cual no habrá claridad de lo que es información noticiosa con respecto a la opinión de quien la presenta.

"Los ciudadanos, identificados como las audiencias, requerimos que se nos diga la verdad por los medios de comunicación y no que se confundan los hechos con opiniones pagadas, como si fuera información", enfatizó.

Otro punto controversial de la "contrarreforma", abundó, es el relativo a las defensorías de las audiencias y la elaboración del código de ética, pues se deja a voluntad de los concesionarios garantizar este derecho y que cada medio haga su código de ética.

Permitir que los concesionarios designen y paguen al defensor de audiencia de cada medio es un despropósito y un evidente conflicto de interés que debilita esta figura, además que se le restan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en esta materia, destacó.