En Coahuila a pesar de tener políticas públicas en favor de las mujeres y de haberse elevado la pena a 50 años de prisión para quien cometa un feminicidio, aún prevalece la impunidad, pues quienes se encargan de la impartición de justicia no la aplican con perspectiva de género, consideró Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación Luz y Esperanza. 
“La violencia es un asunto cultural y eso ha llevado a que en el medio en el que estamos, permee esa cuestión cultural y a quienes les toca legislar están atravesados por esa misma cultura y a la hora de que les toca decidir por el futuro de las mujeres desde las instituciones, no planean en ese sentido”, dijo. 

En el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, la especialista en temas de género señaló que es necesario cambiar de forma de pensar y modificar nuestras estructuras en las que creemos que los hombres y las mujeres no somos iguales. 

Asimismo, denunció que los impartidores de justicia no han sancionado con perspectiva de género, por lo que se eleva el grado de impunidad: 
“En cuanto a los feminicidios pasa que en la violencia de género está la impunidad; es decir, todavía a pesar de que tenemos castigos para quienes hagan daño a las mujeres, no se aplican. No hay sentencias por violencia familiar y eso coadyuva a que haya una impunidad, pues de la violencia física nos pasamos al feminicidio”. 

En ese sentido, Rosa María Salazar recordó que en 2012 el Congreso de Coahuila tipificó como feminicidio si el cuerpo presenta signos de violencia sexual antes o después de la muerte, si se le infringe alguna lesión o mutilación genital a la víctima, si existen antecedentes de violencia o discriminación entre la víctima y el victimario, si ha existido una relación sentimental entre los dos, así como si el cuerpo es expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.

Según el Código Penal vigente en Coahuila las personas que asesinen a mujeres por su razón de género podrían alcanzar una pena en la cárcel entre los 20 y 50 años, una multa y no tener libertad anticipada.