Blanca Martínez, vocera de Fundem y el centro de derechos humanos, Fray Juan de Larios, aseguró que el organismo que representa desconoce los motivos de la fractura en los diálogos que se tenían con el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, tras los tres informes en los que han colaborado sobre la desaparición y las masacres en Coahuila durante la última década.

Aunque aseguró que existen grandes avances en materia de desaparecidos en Coahuila, Blanca Martínez dice que el marco jurídico que se ha creado en el Estado de manera inédita, el logro no tiene sentido si no se aplica la ley adecuadamente tanto en la capacitación de funcionarios públicos que llevan a cabo los casos, sin fincar responsabilidades a las figuras que estuvieron al mando del gobierno durante los hechos. 

‘’Es insuficiente tener leyes, pero si no hay voluntad política y responsabilidad de implementarlas no sirven de nada; si no se ejecutan, si no se hacen realidad’’, señala.

Uno de los ejemplos que se han puesto sobre la mesa de Fray Juan de Larios y que no ha sido ejercido acorde a lo estipulado, es el tema de la declaración de ausencia en el Estado, cuyo objetivo es proteger en seguridad social, salarial y de vivienda a las familias de los desaparecidos.

En ese sentido, Blanca Martínez reconoció que es una ley inédita a nivel internacional; sin embargo, informó que actualmente en Fundem hay 25 trámites de declaración de ausencia, que se han enfrentado a diez empresas en el Estado que no han cedido a brindar los derechos de las familias, sin que la autoridad intervenga en la situación. 

‘’En algunos casos las empresas no lo están asumiendo, están anteponiendo el interés económico por sobre los derechos de las personas’’, aseguró. 

Otra de las cosas pendientes que se han quedado en el cajón de los pendientes de ejecutar según la asociación, es la tipificación de los delitos por desaparición, de los cuales hasta la fecha sólo hay cinco consignaciones que no corresponden a su grupo, a pesar de que se reconoce a más de mil 800 desaparecidos del Estado sin localizar.

‘’Se siguen repitiendo prácticas anquilosadas con serias limitaciones en la investigación. Normalmente los delitos lo siguen poniendo como secuestro. La desaparición forzada argumenta que hubo participación de agentes estatales. Es probable que al final del día, con una investigación rigurosa digamos que todas las desapariciones fueron forzadas, tanto por omisión o participación de la autoridad’’, señaló. 

Después de varios años de sostener un diálogo abierto y dispuesto con el Gobernador de Coahuila, la vocera de Fray Juan de Larios, asegura que no sabe cuál fue el momento en el que se quebrantó la comunicación, sin embargo, fue después de los informes en los que ha colaborado como el de la CIDH, el de la Universidad de Texas y el de Sergio Aguayo. 

‘’Mientras no se hagan investigaciones profundas, no se garantiza justicia y se cuestionará la acción de buen gobierno, que mientras estén en eso tienen que generar las condiciones para accesar a la justicia’’, explicó. 

Por último, reiteró el llamado donde se responsabilizó al Gobierno del Estado de lo que les pase a su equipo en la integridad y seguridad, puesto que tendría que ver con la postura y la visibilización que han dado al tema a nivel internacional.