Las dos audiencias en contra del Estado mexicano sobre la acusación de 11 mexicanas presuntamente víctimas de violaciones, torturas sexuales y agresiones durante los operativos de agentes estatales de seguridad en 2006, en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, comenzaron esta mañana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica con un llamado a la “no repetición” de los hechos.

“La tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha costado reconstruirnos solas”, acusó la mexicana Norma Aidé Jiménez Osorio, una de las 11 mujeres denunciantes, al rendir el primer testimonio ante la Corte.

“Estamos diciendo la verdad”, argumentó, al pedir “que se haga justicia” para que “estos hechos no vuelvan a ser repetidos” y se investigue la “cadena de mando” responsable de los ataques.

“Queremos la verdad y queremos la justicia”, ratificó.

Luego del testimonio de Jiménez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el Estado mexicano reconoció en 2013 su responsabilidad en el caso del que se le acusa.

El Estado mexicano está acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Los ataques ocurrieron 3 y 4 de mayo de 2006 en “detenciones y traslados” en actos policiacos en esos municipios en “conflictos y protestas de floricultores y otros grupos”, aseveró un recuento que la Corte emitió al informar sobre las dos vistas públicas.

La comisionada Margarette May Macaulay, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cita, abrió el debate con un repaso de los sucesos que se registraron el 3 y el 4 de mayo de 2006 en esos dos municipios del estado de México e insistió en que luego de este proceso judicial, la necesidad es que se logre la “no repetición” de las torturas, violaciones sexuales y demás ataques.

La sentencia se espera para 2018, con medidas de reparación y demás reclamos de las denunciantes. La sentencia es de obligatorio carácter vinculante para México.

El proceso es presidido por Roberto Caldas, acompañado por los jueces Elizabeth Odio, Patricio Pazmiño, Humberto Sierra, Eugenio Zaffaroni y Eduardo Vio Grossi.

Las presuntas víctimas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y Romero.

En su testimonio, Jiménez Osorio describió una serie de atrocidades y torturas cometidas por los policías mexicanos. En los disturbios en San Salvador Atenco, los policías “me manosearon” y metieron “sus manos en mi blusa”.

Al relatar que fueron detenidas, explicó que en ningún momento se les informó sobre las causas del arresto y recordó que los agentes estatales de seguridad que participaron en el operativo policiaco la calificaron de “puta”.

“No puedo dormir”, contó, al advertir que por las agresiones sexuales que sufrió “me cuesta trabajo” mantener relaciones con hombres. Al inicio de su comparecencia, Jiménez subrayó que el día de los disturbios acudió a la zona de los hechos como representante de una revista mexicana.

“No olvidamos que el Estado mexicano es el responsable” de lo ocurrido en los dos municipios.

Las once mexicanas son representadas por las abogadas Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instancia hemisférica no estatal, y por Stephanie Brewer y Araceli Quirós, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México.

La contraparte del Estado mexicano es numerosa y, entre otros, están el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales, la jerarca de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, y el fiscal general del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

La Comisión, además de May Macaulay, es representada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano, asesora. El proceso fue elevado en septiembre de 2016 a la Corte por la Comisión.