Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

El pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería del sector salud de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales.

La iniciativa aprobada admite la adición del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para que este personal haga uso de la objeción de conciencia y se excuse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan sus valores o principios éticos.

El dictamen precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional. También establece que la Secretaría de Salud tendrá la obligación de contar en todos los casos con personal no objetor que proporcione el servicio.

Pero el problema con esta ley, explica César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.

Palacios enumera otras lagunas y errores en la iniciativa: no define “participar”, por ejemplo. “¿Estar presente en un quirófano es una instancia de participar? No considera qué tratamientos que al momento de la consulta no son de urgencia se volverían urgentes durante el traslado a otra clínica (donde haya personal no objetor). No especifica qué es una urgencia médica. No puntualiza que las autoridades tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas sus instalaciones”.

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