Un tribunal federal ordenó a los fiscales de Veracruz trasladarse a la Ciudad de México para continuar con el proceso penal contra el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Inicialmente se tenía previsto que las audiencias del ex mandatario fueran realizadas mediante videoconferencia y que fuera un juez de Veracruz quien continuara conociendo de las acusaciones realizadas por la actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares contra el ex gobernador.

Este miércoles el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México falló a favor de la defensa de Duarte de Ochoa y modificó la suspensión provisional otorgada por el juez que conoció del amparo que promovió contra las órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 38/2017 y 56/2017 por la juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral de Xalapa.

La suspensión sólo protegía al ex mandatario contra las órdenes de aprehensión con la condición de que se presentara ante la juez de control de Veracruz a pesar de permanecer en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México donde se le vinculó a proceso federal por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En consecuencia, se ordenó realizar la audiencia inicial mediante videoconferencia con la juez de Veracruz pero su defensa, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro promovió la revisión en la que argumentó que llevar a cabo la diligencia inicial de este modo por razones de competencia territorial, por lo que correspondía al juez de la Ciudad de México presidir la diligencia.

Los magistrados del Colegiado concedieron la suspensión en los términos solicitados por la defensa del ex gobernador y ordenaron que los fiscales veracruzanos se trasladen a la Ciudad de México para que un juez del fuero común presida la audiencia inicial y continúe el proceso por los delitos imputados por las autoridades veracruzanas.

“Es una decisión jurídica sólida que impedirá la influencia del Poder Ejecutivo en Veracruz, así como el seguir inmiscuyéndose en asuntos que no son de su competencia. Ya no juzgarán a mi defendido jueces locales veracruzanos, lo que representa además el que se impedirá que se siga un proceso viciado de parcialidad”, indicó el abogado Marco Antonio del Toro.

Las acusaciones del gobierno de Veracruz fueron agregadas a la petición formal de extradición del ex mandatario, los delitos no son graves y no merecen prisión preventiva de oficio.

El amparo fue presentado el pasado 17 de julio, día en que el ex mandatario llegó a la Ciudad de México luego de ser extraditado por autoridades de Guatemala.