El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) edificó un Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, con irregularidades en las licencias de construcción y sobrepagos a la constructora que se adjudicó el contrato.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el contrato para construir el centro que sería un anexo al edificio sede de los juzgados del penal de Puente Grande, ascendió a 129 millones 800 mil pesos.

La ASF señaló que la Judicatura no acreditó haber tramitado las licencias y/o permisos de construcción ni la manifestación de impacto ambiental correspondientes.

También encontró “inconsistencias en la adjudicación, no se acreditó la amortización del anticipo por un millón 72 mil 900 pesos” y diferencias por un millón 973 mil 900 pesos entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados. Es decir, existió un sobrepago.

El edificio consta de tres niveles construidos en una superficie de 7 mil 181 metros cuadrados para albergar tres salas de audiencia de juicios orales y servicios de operación administrativos y de apoyo para su funcionamiento.

El estacionamiento fue ampliado a dos niveles para dar servicio a las nuevas instalaciones en una área de 2 mil 740 metros cuadrados.

Para la revisión, la ASF tomó como muestra 11 centros de justicia penal federal construidos en la implementación del nuevo sistema, con un monto ejercido de 713 millones 521 mil 900 pesos, entre ellos, se encuentra el de Puente Grande, Jalisco.

El contrato de Puente Grande, número CJF-06/AD/ CJPFJ/2016, formó parte de las 67 contrataciones de obras públicas y de servicios relacionados con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que suman 3 mil 288 millones 939 mil 800 pesos, 22 de ellos fueron celebrados en 2016, y 45 en años anteriores.

Fue adjudicado directamente el 21 de abril de 2016 a Grupo Escompi, S. A. de C. V., por un monto de 129 millones 800 mil pesos y un plazo de 180 días para su terminación, es decir, el 18 de octubre de ese año, aunque después la fecha fue diferida hasta el 15 de diciembre de 2016.

La auditoría observó que para el 31 de diciembre se estimaron y pagaron 123 millones 101 mil 700 pesos y hasta julio de 2017 los trabajos de construcción no habían finalizado, pero el inmueble ya estaba en operación.