Primero escondió el Atlas de Riesgos de la CDMX, luego lo publicó, pero cuando se  criticaron sus inconsistencias reconoció que era un borrador. Luego cantinfleó y culpó al gobierno anterior. En el trasfondo está un negocio inmobiliario multimillonario. 

Cuando Miguel Ángel Mancera llegó al cargo se aprobó una ley que obligaba a su gobierno a elaborar un Atlas de Riesgos que detallara las vulnerabilidades y peligros que amenazan a la capital. Lo hicieron, pero la Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García decidió esconderlo con la aprobación del Jefe de Gobierno. Cuando le pedían el documento respondía que estaba incapacitado para entregarlo porque se trataba de información “reservada”, porque era “imposible físicamente entregar una copia” y porque sólo tendrían “acceso” quienes acreditaran el “interés jurídico”.  

El sismo del 19 de septiembre sacó a la luz diversas irregularidades e incrementó la presión social para que el gobierno capitalino lo diera a conocer. El 6 de octubre finalmente convocaron una rueda de prensa para mostrar el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Mancera explicó que ahora sí los capitalinos podremos identificar las zonas expuesta a riesgo sísmico, inundaciones, apertura de grietas u otros desastres. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, fue un poco más allá y aseguró que con ese documento mejorarán las normas de construcciones y se harán edificaciones más resistentes. 

El 15 de octubre el periódico Reforma, en la sección Ciudad, sacó como su nota principal las críticas de la asociación Suma Urbana al documento del gobierno capitalino. Josefina Mac Gregor señaló que “lo que nos dan como Atlas de Riesgo son una colección de mapas o capas de información”. La manera de entender el riesgo, añadió, es relacionando “infraestructura, personas, medio ambiente y bienes, y en lo presentado, esto no está vinculado”. El documento que entregaron, concluyó, “no es una herramienta útil para el manejo de riesgos”. Así pues se tardaron cinco años para entregarnos un borrador.

La tarde del domingo 15 de octubre Mancera tuvo que reconocer que, en efecto, el Atlas no ha sido concluido. La tarea dijo es “modernizarlo” para lo cual aceptó la sugerencia hecha por Suma Urbana de añadirle la información catastral. Buscando salir del paso responsabilizó a los que lo antecedieron: “Lo que nos entregaron cuando empezó la administración era [muy básico], casi casi documental”. Para salir del enredo en que se estaba metiendo se refugió en el cantinfleo. No hay de que preocuparse, explicó, “ahora que estamos llegando con esta implementación, pues es una implementación ya mucho más avanzada pero tenemos que potenciarla, tenemos que llevarla mucho más allá”. Pues sí, pero se les acabó el tiempo. 

Tras el cantinfleo está un hecho: durante cinco años el gobierno de Mancera escondió información que hubiera podido evitar las pérdidas en vidas y propiedades causadas por inundaciones y sismos. ¿Por qué lo hicieron? Sostengo, como hipótesis de trabajo que les importaron más los negocios con las inmobiliarias y los “moches” que la seguridad y el bienestar de los capitalinos. Llevan años enriqueciéndose con la especulación urbana y piensan seguir haciéndolo hasta el último día. Es tanta su codicia que hasta utilizan el sismo para seguir exprimiendo el suelo capitalino. 

La Asamblea Legislativa quiere aprobar a la carrera una Ley General de Reconstrucción que es un monumento al urbanismo salvaje y a la impunidad. Ofende que autorice la reconstrucción de los inmuebles derruidos, incluso de los que violaron la ley; agravia que los exima del cumplimiento con la Ley de Desarrollo Urbano y no les pide un diagnóstico público de por qué falló la estructura del inmueble; irrita que persistan en ignorar los riesgos. Lo hacen pese a que la construcción en zonas riesgosas está catalogada como un “delito grave” por la Ley General de Protección Civil. En lugar de castigar a los responsables, Mancera y los suyos les entregan el permiso de volver a ganar dinero. 

Estamos en manos de gobernantes más preocupados en hacer negocios con las inmobiliarias que en dar seguridad a los ciudadanos. Con ese comportamiento incumplen la regla más fundamental del contrato social. ¿Los vamos a dejar?  

Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.