Monterrey, Nuevo León.- Ahora la Subprocuraduría Anticorrupción investigará presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la Torre Administrativa, obra que se edificó durante los sexenios de José Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz y en la que además está relacionada la firma Odebrecht.

Cabe resaltar que la constructora brasileña está involucrada con un escándalo mundial por supuestamente entregar pagos a funcionarios de 12 países para adjudicarse  la construcción de obra pública.

“Tenemos una carpeta de investigación abierta para la Torre Administrativa, la estamos integrando”, anunció en rueda de prensa, Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción.

Reveló que en la edificación y entrega de la obra estarían involucrados los ex gobernadores priistas, González Parás y Medina de la Cruz.

“Se inicia con el gobernador Natividad González Parás y por lo tanto estamos analizando todos los actos que llevaron a la concepción y la forma en que estos fueron llevados”, explicó.

Sin embargo, reconoció cierta dificultad por el tiempo que ha transcurrido.

Mencionó que en México no se ha reaccionado como en otros países ante las confesiones de cohecho que presentó la constructora brasileña.

“Nosotros en Nuevo León estamos tratando de cubrir ese hueco y veremos si logramos construir un caso al respecto”,  sostuvo el llamado Zar Anticorrupción.

Detalló que la investigación contempla la licitación, posibles sobrecostos, cierre y entrega de obras.

Canales dijo que la obra abarca las dos administraciones anteriores porque en el sexenio de Medina de la Cruz se terminó.

Odebrecht fue señalada por presuntamente haber realizado sobornos a funcionarios de distintos países entre los que se encuentran: Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros.

Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos permitió conocer como operaba la firma, originaria de Brasil.

La empresa fue fundada en 1944, pero fue en el 2016 cuando se emitieron órdenes judiciales en contra de varios de sus ejecutivos por supuestos delitos como corrupción, organización criminal y lavado de dinero.